Modalidades del compromiso político de las víctimas en la Argentina1

Modalities of the political commitment of victims in Argentina

 

Fecha de recepción: 22 de noviembre de 2021/Fecha de aprobación: 29 de diciembre de 2021

 

Sebastián Pereyra2 y Adrián Pablo Berardi Spairani3

 

Resumen

Este artículo analiza las modalidades de compromiso político que desarrollan distinto tipo de víctimas confrontadas al desafío de formular demandas o reclamos públicos. Se realizó un estudio comparativo de casos, partiendo del análisis de tres fuentes: entrevistas a víctimas, textos con resultados de investigaciones y relevamiento en prensa gráfica e información disponible en portales de internet y redes sociales.

A partir de esa información se realizó un estudio procesual de algunas trayectorias biográficas para observar las diversas formas de compromiso. Sobre esa base proponemos una tipología de las diferentes modalidades de compromiso político de las víctimas. Este trabajo permite dar cuenta de las diferentes formas en que los sujetos se vinculan con la política, más allá -o independientemente- de la inscripción en un ámbito en particular y la temporalidad de su compromiso.

De esta forma, se analizará el proceso de compromiso político de las víctimas y familiares-victimas, más allá de las explicaciones que tienden a enfatizar en la importancia del impacto del acontecimiento como ruptura en la biografía de las personas, y la movilización como un modo de respuesta a dicha ruptura.

Palabras clave: Activismo, militancia, movilización social 

 

Abstract

This article analyzes the modalities of political commitment developed by different types of victims faced with the challenge of formulating public demands or claims. A comparative study of cases was carried out, based on the analysis of three sources: interviews with victims, texts with research results and a survey in the graphic press and information available on internet portals and social networks.

Based on this information, a processual study of some biographical trajectories was carried out to observe the various forms of engagement. On this basis we propose a typology of the different modalities of political commitment of the victims. This work makes it possible to account for the different ways in which subjects are linked to politics, beyond -or independently- of the inscription in a particular field and the temporality of their commitment.

In this way, the process of political commitment of the victims and family-victims will be analyzed, beyond the explanations that tend to emphasize the importance of the impact of the event as a break in the biography of the people, and mobilization way response to said rupture.

Keywords: Activism, militancy, social mobilization

 

Introducción

Este texto se pregunta por las características y alcances del compromiso político de las víctimas. Utilizamos la expresión compromiso político para describir las múltiples formas en que las víctimas se cruzan con la política, aunque no necesariamente en relación con las instituciones formales del sistema político. Ese cruce se produce en la medida en que las víctimas –distinto tipo de víctimas- sostienen algún tipo de reclamo o demanda pública. La protesta, la negociación con funcionarios del poder ejecutivo y judicial, las declaraciones públicas a la prensa, los vínculos con dirigentes políticos son todos elementos relacionados con el lugar que ocupan las víctimas en el desarrollo de conflictos sociales y procesos de movilización social. Todas esas actividades transforman a las víctimas en militantes o activistas más allá o independientemente de su vinculación con organizaciones específicas (Fillieule y Mayer, 2001; Bennett et al., 2013; Lichterman y Eliasoph, 2014). Las víctimas se convierten de ese modo en actores de la vida política a partir de su reconocimiento o notoriedad pública (Pita, 2010). Cuando esas actividades se sostienen por un período considerable de tiempo sostenemos que las víctimas desarrollan y mantienen alguna forma de compromiso político.

La presencia de víctimas y familiares de víctimas como portavoces principales de reclamos colectivos y como protagonistas de procesos de movilización es un fenómeno recurrente en distintas latitudes (Lefranc y Mathieu, 2015; Gatti, 2017). Las víctimas y los familiares son protagonistas cotidianos en conflictos y demandas tan diversas como casos de violencia policial, delito privado, accidentes de tránsito, maltrato, tortura y condiciones de detención en cárceles, efectos y consecuencias del consumo de drogas, catástrofes tales como inundaciones, accidentes aéreos o incendios e incidentes ligados a la falta de control y condiciones apropiadas en servicios públicos o locales comerciales (Pita y Autor1 2020). En distinto tipo de situaciones, víctimas y familiares de víctimas se han constituido en actores relevantes de la política actual merced al desarrollo de un compromiso generalmente vinculado con los casos en los que resultaron afectados de modo directo o indirecto. Sin embargo, muchas veces las víctimas se transforman también en portavoces de temas o problemas públicos y hasta desarrollan saberes y formas de intervención propias del trabajo experto (Latté, 2012; Gayol y Kessler, 2018).

En ese marco este texto presenta los resultados de un estudio comparativo sobre trayectorias de víctimas y familiares que llevaron adelante denuncias públicas y que desarrollaron, a partir de ellas, diferentes modalidades de compromiso político. En lo que sigue, presentamos primero una discusión más detallada sobre la noción de compromiso político. Luego, desarrollamos una tipología de formas de compromiso político de las víctimas basada en la comparación de trayectorias de activismo de víctimas en la Argentina contemporánea. Finalmente ponemos a prueba esa tipología reconstruyendo en detalle algunas trayectorias específicas para concluir con algunas reflexiones sobre las ventajas y desventajas de este tipo de enfoques en relación con las perspectivas más tradicionales en los estudios sobre movimientos sociales y acción colectiva.

 

El estudio del compromiso político

Las ciencias sociales han abordado de distintos modos la pregunta por el desarrollo de formas de militancia y activismo político4, es decir, por el involucramiento de las personas en distinto tipos de organizaciones políticas (partidos, sindicatos, movimientos sociales), en campañas de movilización o protesta. En otras palabras, se preguntaron por el desarrollo de formas de compromiso que vinculan a las personas con la política institucional y no institucional. Para este trabajo, focalizamos en las discusiones sobre los modos de involucramiento o compromiso político, evitando las discusiones más generales sobre participación que históricamente han vinculado una diversidad muy grande de prácticas políticas que pueden ser analizadas en conjunto sólo a un nivel demasiado general y abstracto (Lichterman, 1996; Van Deth, 2006; Sawicki y Siméant, 2009)5.

En los estudios sobre movimientos sociales podemos reconocer dos grandes perspectivas de análisis sobre el compromiso o involucramiento político: a) una que podríamos denominar decisional y b) otra que llamaremos procesual. La primera perspectiva enfatiza el peso que tienen determinados acontecimientos o coyunturas como marco para que las personas decidan involucrarse en una actividad política. La segunda, focaliza en procesos de involucramiento y desinvolucramiento que pueden ser rastreados a lo largo del tiempo.

La primera perspectiva se desarrolló ampliando el espectro de indagación de determinantes racionales de la participación política hacia otras dimensiones culturales, afectivas y normativas, incluyendo también una preocupación específica no sólo sobre el compromiso sino sobre su perduración en el tiempo (Klandermans, 1997). En esta misma perspectiva, Downton y Wehr (1991) demostraron que el compromiso político se establece como una relación entre la disposición y las posibilidades de actuar. Los recursos disponibles para la acción, los valores y las relaciones interpersonales al interior del movimiento actúan como claves para el desarrollo y sostenimiento del compromiso, pero también para su declinación. Uno de los textos más significativos en esta perspectiva es sin duda el estudio de McAdam (1986) sobre el activismo de alto riesgo en el freedom summer de 1964 orientado a la caracterización de perfiles, mecanismos y modalidades de compromiso político. Allí aparece una preocupación sobre las condiciones que favorecen la decisión de involucrarse. Esta decisión está mediada por la “disponibilidad biográfica” de las personas, es decir, por los medios o recursos (por ejemplo, relaciones sociales o la disponibilidad temporal), tanto personales como organizacionales, para llevar adelante su decisión (McAdam,1988; McCarthy y Zald, 1977). En esa misma línea sucesivas investigaciones mostraron cómo la decisión de involucrarse puede estar relacionada con determinadas oportunidades políticas (Tarrow, 1997; McAdam et al.,1996; Kriesi, 1996), con la existencia de redes previas de conocimiento mutuo (McAdam, 1982 y 1988; Piven y Cloward,1979), o con la existencia y el desarrollo de marcos interpretativos (Passy, 2002; McAdam y Paulsen, 1993; Snow et al., 1986).

La segunda perspectiva concibe el involucramiento político como un proceso; y en términos generales se estructura en torno de una crítica sobre la noción de “ruptura biográfica” (Fillieule y Mayer, 2001).

El enfoque procesual del compromiso fue desarrollado por Becker (1969), a partir de la idea de “apuestas adyacentes” (sides bets) como clave de análisis sobre el modo en que el compromiso explica el desarrollo de líneas consistentes de acción por parte de las personas a lo largo del tiempo. Estas conductas consistentes (actividades orientadas de modo más o menos directo a un mismo fin y que dejan de lado otras alternativas de acción) pueden explicarse así por el modo en que las personas establecen ciertos compromisos que vinculan a las acciones entre sí. Por ejemplo, mi vinculación sistemática y consistente con una organización puede deberse a que ese compromiso está apoyado o reforzado por apuestas adyacentes (por el apego a la justicia como un valor trascendente; por el sostenimiento de lazos de amistad o afectivos; o por una apuesta paralela que consiste en sostener una imagen de mí mismo como alguien comprometido políticamente). Esos compromisos pueden ser -sostiene Becker- tanto personales como impersonales, conscientes como tácitos.

Este tipo de análisis sostiene que el compromiso político no puede ser pensado como una decisión, como un momento específico y particular que confronta a las personas a la opción de involucrarse políticamente o no. Ese puede ser el caso en algunas situaciones excepcionales o en todo caso dichas coyunturas pueden favorecer el inicio de un proceso en el que el compromiso político se va desarrollando a partir de diferentes etapas y momentos que la persona atraviesa a lo largo de un cierto período de tiempo. Si queremos comprender el proceso de involucramiento político tenemos que poder reconstruir el modo en que se encadenan acciones pasadas, presentes y futuras en un recorrido biográfico (Fillieule, 2001). En esta perspectiva el compromiso toma la forma de una multiplicidad de obligaciones relativas a espacios sociales en que las personas se encuentran inscriptas; es decir, resultan fundamentales los modos generan compromisos a lo largo del tiempo que condicionan y determinan los cursos de acción futuros. El modelo procesual para el análisis del compromiso político reemplaza la pregunta sobre por qué las personas adoptan o desarrollan un compromiso y se focaliza en analizar el modo en que lo hacen (Agrikoliansky, 2017). En ese sentido, la disponibilidad biográfica por ejemplo es una condición necesaria pero no suficiente del compromiso político. Es preciso entender cómo la misma es identificada y aprovechada por las personas en virtud de sus diversos ámbitos de sociabilidad o de sus acciones pasadas (Fillieule y Neveu, 2019; Péchu, 2001 y Sawicki y Siméant, 2009).

Los estudios clásicos pensaron el compromiso a partir del modelo de la membresía organizacional; es decir el ingreso a una organización más o menos formal (a un partido, sindicato o movimiento). La perspectiva procesual incluye también la posibilidad de analizar distintas modalidades de involucramiento que pueden incluir el compromiso con una organización o grupo, pero también con una causa, con una idea, con un liderazgo o, incluso, consigo mismo, con una idea de autosatisfacción o autorealización (Lichterman, 1996: 6).

Las investigaciones sobre movilización y compromiso por parte de víctimas han estado marcadas por la importancia de los acontecimientos. Tal como sostiene Latté, dada la importancia que tienen los hechos traumáticos o los acontecimientos disruptivos para definir la figura de las víctimas, es muy grande la tentación de explicar los movimientos de víctimas exclusivamente en relación con dichos hechos o acontecimientos (2012: 409). Ese tipo de explicaciones tiende a enfatizar la importancia del impacto del acontecimiento como ruptura en la biografía de las personas. Y, por tanto, la movilización como un modo de respuesta a dicha ruptura. En nuestro trabajo analizamos comparativamente la trayectoria de víctimas que, a lo largo del tiempo, formulan demandas o reclamos de distinto carácter y que sobre esa base van desarrollando distinto tipo de actividades orientadas a sostener y movilizar esas demandas. Esas trayectorias se refieren a un universo de víctimas que formulan reclamos y demandas en relación con los acontecimientos y que, en ese sentido, pueden ser diferenciadas del universo más amplio de los afectados. Observando esas trayectorias podemos ver que esas actividades a lo largo del tiempo permiten el desarrollo de formas de compromiso político. Esas formas pueden ser varias y, por otro lado, pueden o no estar definidas en términos de membresía a un espacio de pertenencia.

 

Estrategia metodológica

Este trabajo tomó como punto de partida la construcción de una base de datos de víctimas y familiares-víctimas que realizaron algún tipo de denuncia pública (considerando diversos tipos de participación como protestas, movilizaciones, entrevistas en medios de comunicación, etc.) en relación con sus casos. La información sobre los casos surge de tres fuentes principales: a) trabajos de campo vinculados con el proyecto de investigación colectivo “La movilización de familiares de víctimas y las demandas de justicia” (2014-2017); b) bibliografía con resultados de investigaciones en las que aparece información sobre procesos de movilización de víctimas; y c) relevamiento en prensa gráfica e información disponible en portales de internet y redes sociales. A partir de la información recopilada se elaboró una matriz de datos que permitió observar las similitudes y diferencias entre cada uno de los casos a fin de establecer modos de compromiso. La pretensión de la base de datos no es ser representativa sino sistematizar la información disponible sobre activismo de víctimas. Los casos relevados cubren un rango temporal que va de 1990 a 2017.

Para el desarrollo de la matriz se utilizaron las siguientes variables: el tipo de caso del que fue víctima (por ejemplo, violencia de género, violencia institucional, delito, etc.); participación en protestas y movilizaciones; realización de entrevistas en medios de comunicación, participación o vinculación con organizaciones no gubernamentales; vínculos con dirigentes políticos; relación con otros casos; datos sociodemográficos (localidad, ocupación, nivel socioeconómico) y experiencias militantes previas al acontecimiento.

El análisis de los datos recabados nos permitió identificar los tipos de compromiso político que son el objeto central del presente artículo. La construcción de esos tipos fue complementada en una segunda etapa con una reconstrucción biográfica de la trayectoria de tres víctimas movilizadas a fin de comprender los alcances y limitaciones de la tipología construida. Para la reconstrucción de las trayectorias biográficas se utilizaron diversas fuentes -entrevistas, información de prensa y de redes sociales, entre las más importantes- que se citan luego en la exposición de los casos.

 

Prácticas de movilización y tipos de compromiso político

La actividad de movilización y protesta por parte de las víctimas en Argentina ha crecido significativamente en las últimas décadas. Al respecto, recordemos que las víctimas y familiares de víctimas de la última dictadura militar (1976-1983) tuvieron un lugar destacado en la conformación del movimiento de derechos humanos. Y que dicho movimiento tuvo, a su vez, un rol protagónico en el proceso que llevó al cierre del ciclo de golpes y dictaduras militares en el país y a la instauración de un régimen democrático duradero desde inicios de la década de 1980 (Jelin, 2005).

En las últimas tres décadas, el protagonismo de las víctimas en los procesos de movilización social se ha extendido más allá de las fronteras del movimiento de derechos humanos. Como muestran Pita y Autor1 las protestas lideradas por víctimas y familiares de víctimas vienen creciendo sistemáticamente desde la década de 1990 y registraron un incremento muy importante desde los años 2000 (Pita y Autor1 2020: 42-44). Los reclamos asociados a esas protestas son variados e involucran como temas principales al delito y la inseguridad, la violencia institucional, incidentes viales y luego casos resonantes que acapararon la atención de la opinión pública nacional. Crímenes seguidos de procesos de ocultamiento y obstrucción de la justicia por parte de elites políticas o económicas. Catástrofes en el transporte ligadas a la falta de control y regulación por parte del Estado. Estragos en lugares públicos, incendios, inundaciones y hasta atentados. Episodios todos que costaron vidas y a partir de los cuales las víctimas o familiares de víctimas llevaron adelante campañas de denuncia o de reclamo vinculados a la investigación judicial de los hechos o a las responsabilidades por la falta de previsión o prevención, es decir, por su carácter evitable6.

Las víctimas y familiares de víctimas han sido y son una de las figuras principales en la problematización de las muertes violentas en el país. Como sostienen Gayol y Kessler (2018) en este tipo de casos el Estado aparece como interlocutor privilegiado para el reclamo y la indignación que despiertan esos hechos en la población. Las muertes violentas son tematizadas –no con la misma intensidad, no con la misma capacidad de escalar a una dimensión nacional de la política– en la medida en que se transforman en escándalos. Es decir, se convierten en hechos de gran repercusión, con la capacidad de generar audiencias y que involucran algún tipo de denuncia respecto de los perpetradores y responsables percibidos como elites, como aquellos que detentan algún tipo de poder instituido (Waisbord, 2004: 1048). Ese carácter quizá explique en parte el hecho de que, a diferencia de otro tipo de escándalos, estos han estado asociados en el país a intensos procesos de movilización social.

En ese panorama delimitado por una importante actividad de movilización por parte de las víctimas, nuestro trabajo se orientó a estudiar las características y alcances de esas prácticas de movilización. Para ello confeccionamos una base de datos que incluye 98 casos de víctimas y/o familiares de víctimas de las cuales pudimos registrar el desarrollo de algún tipo de denuncia pública7. Los casos recopilados cubren un período que va desde 1990 hasta 2017.

Más del 80% corresponde a las décadas de 2000 y 2010. La distribución en esos años es bastante homogénea a no ser por el año 2012 que tiene casi el doble de casos que la media anual. Un sesgo importante de nuestros datos está marcado, sin duda, por la localización geográfica de los casos. Más del 50% corresponde al área metropolitana de Buenos Aires. El resto se distribuye entre las regiones Centro (17,3%) que excluye el resto de la Provincia. de Buenos Aires que, a su vez, registra un 12,2% de casos, NOA (9,2%), NEA (4%) y Cuyo y Sur con un 3% de casos cada una. Dicha concentración geográfica es atribuible, a nuestro juicio, al alcance de nuestras fuentes de relevamiento.

La mayoría de los casos relevados (93%) son familiares de quienes resultaron afectados directos por la situación8. Los familiares son encabezados por las madres (53%), seguidos por padres (23,5%), hermanos/as (10,2%) y otros familiares (6%). Por otro lado, en nuestro universo de análisis pudimos constatar que los reclamos de las víctimas son sostenidos mayoritariamente por mujeres (63,3%).

Otro elemento adicional de nuestro análisis se refirió a los tipos de casos en los que registramos movilización de víctimas. Del relevamiento surge una diversidad de casos que es por demás interesante: un 35% se vincula con denuncias relacionadas con violencia institucional, 18% violencia contra las mujeres, 17% inseguridad, 12% accidentes de tránsito y 11% catástrofes o estragos de distinto tipo (tanto aquellas que se vinculan con fenómenos naturales tales como inundaciones como también las que se refieren a accidentes, incendios y otros hechos de gran magnitud), entre los más significativos9. Es decir, nuestro registro permite comparar las prácticas de compromiso político en relación con una variedad de reclamos y hechos o, lo que es lo mismo, observando distinto tipo de víctimas.

Como dijimos al comienzo, el compromiso político de las víctimas aparece marcado por una serie de actividades que se repiten también de modo significativo en los casos que hemos relevado. Así, pudimos constatar que el 92% de las víctimas participó u organizó alguna protesta en la vía pública; 97% hizo declaraciones o dio entrevistas para un medio gráfico, radial o televisivo, y a su vez, un 70% entró en contacto con dirigentes políticos en relación con su caso. En 69 de los 98 casos analizados, las víctimas desarrollaron esos tres tipos de actividades simultáneamente. También pudimos observar otros dos rasgos importantes relacionados con las actividades de movilización de las víctimas. El primero es la creación o participación en organizaciones no gubernamentales u organizaciones sociales más o menos formalizadas; registramos al respecto que un 30% de los casos dio lugar a la creación de una asociación civil o fundación. Por otro lado, en un 70,4% de los casos las víctimas trabajan o colaboran con alguna organización vinculada con los casos. Finalmente, advertimos que en la mayoría de los casos (83,6%) las víctimas establecieron contactos de distinto tipo con víctimas de otros casos similares.

Partiendo del análisis de las prácticas llevadas adelante por las víctimas pudimos avanzar en la elaboración de una tipología de las formas de compromiso político de las víctimas. Encontrarnos allí tres tipos principales:

(a) un compromiso político relativo al caso que involucra a las víctimas

(b) un compromiso político que vincula el caso particular con algún marco de acción colectiva disponible o con alguna causa o problema público

(c) un compromiso político que se orienta al desarrollo de una carrea política

 

El compromiso político relativo al caso es común a todas las víctimas estudiadas; el mismo forma parte de un repertorio de acción que es el de la búsqueda de justicia. En nuestro país, los reclamos de justicia tienen una larga historia que está asociada a la dinámica del movimiento de derechos humanos y al modo en que se tramitaron judicialmente los crímenes de la última dictadura militar. En el contexto de la postdictadura las políticas gubernamentales y las expectativas del movimiento de derechos humanos convergieron –con conflictos y desacuerdos- en el rol asignado al estado de derecho y al poder judicial como arena principal para juzgar y esclarecer los crímenes cometidos durante el período dictatorial (Pereyra, 2005; Giordano et al, 2021). Del mismo modo, el reclamo sobre el funcionamiento de la justicia es una constante en los movimientos de víctimas. La denuncia pública en medios de comunicación, las marchas o actividades de protesta, los contactos y alianzas con organizaciones sociales, políticas o con profesionales forman parte de un conjunto de prácticas que las víctimas llevan adelante para lograr el esclarecimiento de los casos y, sobre todo, para impulsar las causas judiciales. El compromiso político de las víctimas en los casos se vincula con las falencias que las víctimas reconocen e identifican en el desenvolvimiento de los procesos judiciales (mayoritariamente en la justicia penal). Demoras, dilaciones, falencia en la producción de pruebas, encubrimiento son todos elementos que aparecen recurrentemente en las denuncias formuladas por las víctimas y que desencadenan los procesos de movilización. La búsqueda de justicia y la condena de los responsables representan habitualmente los objetivos centrales de los procesos de movilización que tienen en el seguimiento del propio caso su locus principal. Si las víctimas sostienen recurrentemente reclamos públicos -en situaciones de las más diversas- es porque existe una falta de confianza manifiesta en el funcionamiento del poder judicial10.

Una larga lista de casos resonantes fue ilustrando en las últimas décadas o bien las dificultades de funcionamiento del poder judicial (en términos burocráticos o procesales) o bien la eficacia de estrategias de encubrimiento que resultan en un malestar creciente en la evaluación que las víctimas suelen tener del sistema judicial. Por tanto, en una motivación poderosa para desarrollar un compromiso político en relación con el caso. Insistimos aquí que ser víctima o afectado por una situación traumática no es equivalente a desarrollar un compromiso político y, mucho menos, que el mismo sea asumido apelando a la condición de víctima o familiar de víctima. Desarrollar un compromiso político tiene altos costos -en términos de tiempo, exposición y muchas veces dinero e implica ubicarse en una situación de conflicto; por lo tanto, aunque muchas los testimonios de las víctimas sostienen retrospectivamente que la lucha o el reclamo representan un desenlace esperable y casi natural en relación con las situaciones y experiencias sufridas es por el contrario un proceso que supone un aprendizaje importante y que no ocurre en todos los casos.

En otros de los casos analizados el compromiso político de las víctimas adquiere características que se diferencian de aquellas que definen el reclamo de justicia en relación con el propio caso. De esta forma el compromiso se vincula de un modo central con otros casos. No se trata únicamente de la resolución del caso en cuestión sino también de cuáles son las causas y responsabilidades que el caso permite iluminar pero que tienen un alcance más amplio. El compromiso se conecta entonces con una causa, con un marco de acción colectiva, y comienza a vincularse con un tema y no sólo con la búsqueda de justicia en el propio caso, transformado, de esta manera, los alcances de ese compromiso. En las víctimas que estudiamos, algunos de esos marcos aparecen con toda claridad: violencia institucional, inseguridad, violencia de género, accidentes de tránsito y corrupción entre los más importantes. Dos elementos son característicos del desarrollo de este tipo de compromiso político. El primero es que la legitimidad para ser portavoz o enunciador en cada uno de estos temas se refiere a un campo más amplio que aquél que define el caso. Campos que muchas veces ya están estructurados y en relación con cuyos actores es necesario desarrollar estrategias de alianza o de confrontación. Luego, el segundo, es que el compromiso se vincula aquí con el desarrollo de un conocimiento experto; es necesario adquirir y manejar un vocabulario específico, crear o formar parte de organizaciones formales o informales cuyo leitmotiv es precisamente ese tema o causa. Es decir, crear las condiciones para un compromiso político de mayor alcance que intervenga más claramente en debates públicos, en la producción normativa y/o en la estructuración de políticas públicas.

Por último, pudimos observar que la notoriedad adquirida por las víctimas en ciertas circunstancias particulares permite el despliegue de otro tipo de compromiso político, aquél en el que las víctimas se cruzan con la política institucional. Generalmente las víctimas rehúyen de la política aunque el desarrollo de un compromiso político se vincula precisamente con la necesidad o el interés de las víctimas en politizar sus casos, de darles notoriedad pública, inscribirlos en un conflicto y producir determinadas consecuencias institucionales (Pita, 2010; Lichterman y Eliasoph, 2014; Zenobi, 2014). Sin embargo, las víctimas suelen marcar una distancia clara respecto de la política institucional o profesional; respecto de los políticos profesionales y los partidos, en especial. Así, observamos en las víctimas una vocación concomitante de despolitización de los casos (Lefranc y Mathieu, 2015). Y es que la posición de víctima tiene un cierto carácter inestable, requiere que sus motivaciones no sean puestas en duda; que el interés no opaque la autenticidad del padecimiento (Lefranc y Mathieu, 2015; Gatti, 2017).

En ese contexto, sin embargo, el compromiso político de las víctimas no excluye el “salto a la política”. La notoriedad o su expertice en algunas causas, así como la condición de outsider han permitido que algunas víctimas hayan logrado vincular su compromiso con el desarrollo de una trayectoria política. Como tendremos ocasión de ver en el siguiente aparatado, el desarrollo de este tipo de compromiso se produce generalmente en la arena electoral. La presencia de víctimas en la oferta electoral es creciente en los últimos años del mismo modo que parece haber aumentado su presencia en el estado con cargos técnicos y/o políticos.

Mirando el mapa general de casos puede observarse que las distintas formas de compromiso político se relacionan, en nuestro relevamiento, de modo distinto con las actividades que llevan adelante las víctimas. Como muestra la Figura 1, el peso relativo de las actividades en los distintos tipos de compromiso político es variable. Esto ocurre, al menos, entre el tipo (a) con respecto a los otros dos. Como es esperable, el contacto o interacción con políticos profesionales, la creación o el trabajo en ONG u otro tipo de organizaciones, así como el contacto con víctimas de otros casos son actividades que tienen un peso menor en aquellas víctimas que desarrollan un compromiso político relativo al caso frente a aquellas que lo hacen en relación con una causa o en vínculo con una trayectoria político-partidaria.

 

Figura 1. Tipos de compromiso político y actividades de movilización

Tipo de compromiso político de las víctimas	Protesta	Medios	Políticos	ONG/Org.	Otros casos
(a) Relativo al caso	+	+	-	-	-
(b) Vinculado a un marco de acción colectiva	+	+	+	+	+
(c) Abierto a una trayectoria política	+	+	+	+	+

 

Nota: El signo “+” indica una proporción mayor de casos con presencia de ese tipo de actividades.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de entrevistas, prensa gráfica, portales de internet y redes sociales.

 

Algunas aclaraciones adicionales. Los tipos de compromiso elaborados intentan reflejar de un modo sintético algo que en realidad es un proceso; por lo tanto, la tipología tiene algo de cristalización de trayectorias que son dinámicas y que se encuentran abiertas. Asimismo, refleja un estado de situación de las trayectorias que tienen duraciones y temporalidades diferentes entre sí. Sin embargo, nuestra clasificación no intenta refleja etapas en esas trayectorias; los tipos de compromiso político -aunque pueden cambiar a lo largo del tiempo- suelen expresar más bien concepciones o tipos de relación con la actividad política y no secuencias de una carrera.

Aunque en algunos casos pueda verificarse que el compromiso se vincula con el caso primero, luego con una causa y finalmente con un compromiso electoral o partidario, el interés principal de la clasificación no es ese. El compromiso político de las víctimas puede variar a lo largo del tiempo y, por lo tanto, un compromiso abierto a una carrera política puede transformarse de modo tal de recentrarse sobre el caso o sobre una causa o marco de acción luego de un cierto tiempo. Es cierto que las víctimas desarrollan un compromiso político siempre en relación con un caso particular, pero también es cierto que el modo en que las víctimas conciben el caso –su especificidad y definición– está vinculado a la manera en que desarrollan un compromiso político. Esto es particularmente claro en relación con los tipos (a) y (b) y es menos evidente con el (c) que, en la mayoría de los casos que hemos observado, se vincula con transformaciones y decisiones de un compromiso inicial, así como a oportunidades o coyunturas que no siempre están disponibles.

Sobre la relación entre los dos primeros tipos, Gayol y Kessler (2018) aciertan en señalar que los procesos de tematización pública de los casos implican su vinculación con un problema público existente o con la configuración de uno nuevo. Y esa relación está mediada con otro elemento importante y es “el modo en que los casos se inscriben o no en una serie” (Gayol y Kessler, 2018: 236-7). Ambos elementos parecen centrales en la manera en que las víctimas desarrollan un compromiso político relativo al caso o vinculado a una causa o marco de acción, tales como la violencia institucional, la inseguridad, etc. En todos los casos -insistimos- lo que llamamos compromiso político es sin duda un proceso que, además, no es unidireccional.

Mostramos hasta aquí el modo en que las víctimas pueden desarrollar diferentes tipos de compromiso político. A continuación, pasaremos a mirar algunos casos concretos que ilustran cada uno de los tres tipos construidos para poder captar de un modo más preciso las tensiones entre la tipología y las trayectorias.

 

Alcances y limitaciones de los tipos de compromiso político en las trayectorias biográficas de las víctimas

En este aparado nos proponemos ilustrar los tipos de compromiso político recurriendo a algunos casos particulares para observar allí la utilidad y los límites de nuestra clasificación. Reconstruiremos brevemente las trayectorias de Alberto Perassi (compromiso relativo a un caso), de Sergio Levin (compromiso relativo a una causa) y de Carolina Píparo (compromiso relativo a una carrera política).

Alberto Perassi es un hombre de unos 70 años, es mecánico de automóviles y vive en la ciudad de San Lorenzo (Provincia de Santa Fe). Junto a su mujer Alicia buscan a su hija Paula desde su desaparición el 18 de septiembre de 2011. Madre de dos hijas y en proceso de separación de su pareja, Paula mantenía una relación sentimental secreta con un empresario de la zona, casado a su vez. Un portal de noticias que sigue el caso desde su inicio lo describe del siguiente modo: “Luego de una enrevesada investigación que llenó de dudas e incertidumbres a los familiares y la comunidad, la línea investigativa más fuerte abona a la teoría de que fue secuestrada, y obligada a practicarse un aborto contra su voluntad, que habría terminado con su vida” (Conclusión, 2016).

La investigación y la causa por la desaparición de Paula Perrassi tuvieron y tienen un trámite lento. Desde el inicio, Alberto y Alicia realizaron movilizaciones regularmente a los tribunales, primero en San Lorenzo y luego en Rosario. Cuatro jueces y dos tribunales distintos tramitaron la causa. La relación de Alberto con los tribunales es muy conflictiva y, desde el inicio no se limitó únicamente a seguir el desarrollo de los pasos procesales. Reuniones, negociaciones, duras críticas formaron parte del vínculo de los familiares con los operadores judiciales. Más allá de las marchas de conmemoración de cada 18 de septiembre, Alberto convocó a concentraciones en muchas ocasiones en que se realizaban audiencias o en que los magistrados tenían que tomar decisiones importantes en la causa. También llevó adelante otro tipo de protestas, por ejemplo, desde el año 2012 Alberto Perassi varias veces se encadenó a las puertas de los tribunales de San Lorenzo y en 2015 lanzó una huelga de hambre para pedir avances en la investigación. Al año siguiente, volvió a encadenarse en las puertas de los tribunales esta vez de Rosario en el momento en que se dictaron las primeras prisiones preventivas para ocho de los imputados en la causa.

Desde el inicio, y en los siete años que duró la investigación preliminar hasta el inicio del juicio en 2019, Alberto sostuvo un doble reclamo. Por un lado, dirigido a las falencias de la investigación para dar con el paradero de su hija. Por otro, la certeza de una trama de encubrimiento e impunidad que explica las deficiencias de la investigación y las dilaciones en la causa judicial: “En mi caso, el Poder Político, el Poder Judicial, y la Jefatura de la Unidad Regional XVII se han conjugado para encubrir. Porque allí, en San Lorenzo, saben perfectamente lo que pasó con Paula pero se dedicaron a esconder y a limpiar las pruebas. Yo insisto en lo que dije desde el primer día, hay un teléfono político y una billetera con dólares. En nuestra ciudad hay delincuentes que son capaces de hacer desaparecer una persona sin dejar rastro” (Conclusión, 2017).

En una entrevista en la puerta de los tribunales realizada en septiembre de 2017 Alberto aparece acompañado -además de por su mujer- por un grupo reducido de personas a quienes presenta como compañeros de lucha; “…somos lamentablemente, compañeros del dolor”. Una de las mujeres tiene un chaleco de ATE y se presenta como parte de la multisectorial de mujeres de la CTA11. Esta mujer encuadra el reclamo en la consigna “Ni una menos”12; se trata de un acompañamiento al reclamo de la familia por parte de la organización sindical. Todo reclamo tiene una dimensión colectiva y tiene un sustrato organizacional, pero el reclamo de Alberto y Alicia, sin embargo, se focaliza en su caso específico; y ello se verifica sin duda en la centralidad casi exclusiva que le otorgan a la causa judicial. “Queremos un juicio y que los culpables y sus cómplices queden presos” dice el segundo de los manifestantes que está allí en calidad de amigo de Alberto. Finalmente, una tercera persona que acompaña el reclamo se define como “familiar de víctima de femicidio”. Como podemos ver, existe un modo de enmarcar el caso que es el que tiende puentes con otros casos y con organizaciones o militantes (en este caso sindicales); la movilización tiene ese componente colectivo, pero Alberto focaliza en el tema del funcionamiento de la justicia. Es eso lo que lo transforma en familiar de víctima y su reclamo de justicia se centra en los problemas y desarrollos del propio caso.

Cuando sostenemos que el compromiso político es relativo al caso, lo hacemos no porque el mismo carezca de enmarcamiento sino porque existe una distancia con las causas o marcos de acción colectiva. Esa distancia puede verificarse, por ejemplo, en el apoyo recibido por la víctima por organizaciones y colectivos diversos sin que ello implique una participación activa en los mismos. También puede observarse en la variedad y oscilación en el uso de marcos de acción. Por ejemplo, en su perfil de Facebook, Perassi oscila en sus referencias a esos marcos compartiendo o posteando notas referentes a casos de violencia de género, desaparición de personas, inseguridad, violencia institucional, corrupción entre otros. Al mismo tiempo, como reconoce uno de los abogados que representa a la familia en la causa penal, el noventa y cinco por ciento de los elementos que contribuyeron al desarrollo de la causa es la fuerza de la familia Perassi.

Como mencionamos más arriba, los casos son el eje que permite el desarrollo o la reactivación del compromiso de las víctimas. Algunas veces, como en el caso de Alberto, ese compromiso se despliega única o mayormente en relación al caso. Otras veces, el compromiso se vincula con una causa o marco de acción colectiva. El 8 de octubre de 2006, un micro en el que viajaban alumnos y docentes de un colegio secundario de la ciudad de Buenos Aires chocó en la ruta 11. Como consecuencia del episodio murieron nueve de los estudiantes y una docente además del chofer y el acompañante del camión que impactó contra el transporte. Sergio Levin es el padre de uno de esos chicos. El perfil de una nota publicada en 2015 lo presenta del siguiente modo: “Sergio es el papá de Lucas uno de los jóvenes solidarios que fallecieron en el choque, y se ha convertido en un ‘militante de la seguridad vial’, tal como él se define. Se ha dedicado a lo largo de estos ocho años a construir desde el dolor. Tras haber perdido a su hijo, se acercó a la difícil problemática de la seguridad vial en nuestro país, un tema que en el año 2006 no se encontraba instalado en la sociedad y tampoco en las políticas de Estado y que gracias al trabajo de personas como Levin ha logrado tener una visibilidad inédita en nuestro país” (Revista Cabal, 2015).

Sergio es graduado en Relaciones Públicas en la Universidad Siglo XXI y trabajó como gerente comercial en una empresa de seguros hasta 2008. Al igual que los padres y las madres de las otras víctimas de la tragedia vial desarrolló un compromiso político relativo al caso desde el momento en que comenzaron a participar y seguir la causa judicial. Desde el inicio también, la preocupación de los padres y madres del Colegio Ecos fue el de vincular el caso con el problema de la seguridad vial. Sus primeras actividades se orientaron a repartir volantes y mantener reuniones con dirigentes políticos a la vez que se interesaban por el tema. Rápidamente confluyeron en la creación de la ONG “Conduciendo a conciencia”13 desde la que desplegaron una verdadera plataforma de intervención sobre el tema de la seguridad vial que tuvo un impacto muy significativo.

Sergio y sus compañeros de lucha no tuvieron, sin embargo, mayor suerte con el trámite de la causa judicial. Aunque no parece que se hayan topado con una red de encubrimiento, la causa no dio buenos resultados, desde su punto de vista. Se realizaron tres juicios que tuvieron eje en el chofer del micro. Desde 2017 la causa estuvo en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó en 2019 reabrir la investigación. Las sentencias de los juicios fueron anuladas en distintas instancias del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe. Finalmente, en octubre de 2020, el tribunal Pluripersonal del Colegio de Jueces de la Cámara de Apelación en lo Penal de la Cuarta Circunscripción de Vera, en nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, firmó la condena de tres años de prisión en suspenso al chofer que conducía el micro (Blanco, 2020).

El seguimiento del tratamiento judicial representó y representa uno de los elementos importantes del compromiso político de las víctimas en el caso. Sin embargo, el desarrollo del problema de la seguridad vial se ubicó rápidamente como una cuestión central. Sergio argumenta de modo reiterado en entrevistas y declaraciones públicas que la causa judicial no puede reparar lo acontecido pero que modificar las condiciones de la seguridad vial en el país puede evitar que un caso como este pueda repetirse.

La ONG Conduciendo a conciencia logró organizar en poco tiempo una agenda de trabajo muy clara y con mucha repercusión pública. Una serie de multitudinarios recitales de rock acompañaron la conmemoración anual de la tragedia al tiempo que se trabajó en la elaboración y negociación de un proyecto de ley. El mismo fue sancionado en 2008 como Ley 26.353 que estableció la creación la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en la cual Sergio ocupó el cargo de director del centro de formación hasta 2017. Al mismo tiempo, ANSV puso en marcha la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales respondiendo a una demanda de las organizaciones que pedían que se estructure la atención a las víctimas en términos de asesoramiento legal, psicológico, social y de rehabilitación en la post emergencia vial en todo el país14.

Como vimos aquí, el compromiso relativo al caso y la estructuración de un reclamo de justicia puede estar vinculado o no al despliegue de un compromiso que se relaciona con una causa o marco de acción colectiva, como en este caso con el problema de la seguridad vial. A ello debemos agregar el tercer tipo que denominamos compromiso abierto a una carrera política. Examinaremos para ello un último caso, el de una víctima de un hecho delictivo que llegó a ser electa diputada en la Provincia de Buenos Aires.

Carolina Píparo, nació en La Plata, es casada y madre de tres hijos. En 2010 era empleada del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. En el mes de julio de ese año sufrió un ataque luego de retirar dinero en efectivo en una sucursal del Banco Santander Rio en la ciudad de La Plata. Fue seguida desde la sucursal hasta la puerta de su domicilio, lugar en el que fue asaltada y baleada. Carolina estaba embarazada de 8 meses al momento del hecho. Como consecuencia de los disparos estuvo hospitalizada por 43 días de los cuales la primera semana inconsciente. Durante ese lapso su hijo nació por cesárea y falleció a los pocos días.

El episodio tuvo una enorme repercusión a nivel provincial y nacional y, como consecuencia del caso, Carolina Píparo se constituyó en un personaje notable y en un referente del problema de la inseguridad en el país (Galar, 2015). El compromiso político en este caso tuvo algunas características particulares debido, sin duda, al alto perfil público de la víctima desde el momento mismo en que ocurrió el caso. El mismo tuvo amplia cobertura periodística tanto a nivel provincial como nacional; así, las entrevistas y declaraciones públicas constituyeron un rasgo muy importante de la actividad de Carolina. Aspectos de su vida personal, evaluaciones sobre los contactos y negociaciones con dirigentes políticos y funcionarios como también el seguimiento del juicio penal por la causa fueron todas oportunidades de expresión con alta repercusión.

Por la repercusión y el impacto que tuvo el caso desde el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires hasta la Presidenta de la República, pasando por funcionarios de seguridad y legisladores tuvieron que pronunciarse sobre las reformas normativas que el caso desencadenó. A nivel provincial se aprobó un amplio paquete de leyes sobre seguridad acordados entre gobierno y oposición. A nivel nacional, se sancionó en septiembre de 2010 la Ley 26.637 de seguridad en entidades bancarias -impulsada por la oposición (Clarín, 2013a)15.

Otro rasgo importante del caso fue la centralidad que adquirió –aquí también- la cuestión judicial. En ese sentido, los reclamos por mayor seguridad tuvieron en el Poder Judicial a un interlocutor constante. Alentados también por las tomas de posición de los dirigentes políticos, la víctima y sus familiares focalizaron sus reclamos en la tarea de la justicia y en la incapacidad de la misma para prevenir el delito aplicando sanciones efectivas y en tiempos razonables. Sin embargo, más allá de las denuncias, el caso Píparo tuvo un trámite razonablemente ágil tanto en la justicia penal como civil. En mayo de 2013 se conocieron las condenas de reclusión perpetua para cinco de los acusados y la absolución para dos de ellos. El juicio tuvo penas muy elevadas ya que los jueces consideraron que se trató de un homicidio a raíz del fallecimiento del recién nacido en virtud de las heridas recibidas por su madre. Al respecto, Carolina mostró conformidad con el resultado del proceso judicial (Clarín, 2013b). Al mismo tiempo, Píparo ganó una demanda civil por un elevado monto de dinero contra el Banco Santander Río por la deficiencia en las medidas de seguridad. En este aspecto, las demandas de justicia de la víctima parecen haber sido satisfechas en relación con el caso.

El caso Píparo tuvo un fuerte componente de movilización social, aunque esta no fue una de las actividades centrales desarrollada por la propia víctima. Existió, a decir verdad, más agitación a nivel del público y de opinión que al nivel de la protesta. Sin embargo, en el momento inicial se constituyeron tres grupos de protesta en relación con el caso: un colectivo heterogéneo de “autoconvocados” que se manifestó con acciones de protesta a nivel local. El segundo, un grupo de compañeros de trabajo de Carolina Píparo que se manifestó principalmente en las puertas del banco. Por último, los familiares y la propia víctima que organizaron y concurrieron a manifestaciones tanto en La Plata como en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de la salida de Carolina del hospital (Galar, 2015: 70).

En este caso, el compromiso sí produjo alianzas con víctimas de otros casos. Píparo se vinculó y participó en marchas de la organización Familiares de Víctimas en la Ciudad de Buenos Aires y se integró -luego de su creación en 2014- a la fundación Usina de Justicia, orientada al desarrollo del derecho de las víctimas (https://usinadejusticia.org.ar/). La fundación se constituyó en los años posteriores en un centro de nucleamiento importante de apoyos e ideas para el gobierno de la alianza Cambiemos que ganó las elecciones en 2015. Carolina Píparo comenzó en ese marco el desarrollo de una carrera político-partidaria. Encabezó la lista de Cambiemos como candidata a diputada provincial en 2017 y obtuvo un importante triunfo con el 48% de los votos. Desde entonces es legisladora en la Cámara de diputados de la Provincia de Buenos Aires16.

 

 Conclusiones

Las víctimas se han transformado en actores relevantes a nivel de la opinión pública y de los fenómenos de protesta en nuestro país en las últimas décadas. Las víctimas emergen en la esfera pública a partir del reclamo de justicia en diferente tipo de acontecimientos y situaciones. Nuestra pregunta central se vinculó con el desarrollo de un compromiso político por parte de esas víctimas. En ese sentido, habiendo observado que las víctimas tienden a transformarse a través de los reclamos de justicia en activistas o militantes políticos nos preguntamos por los rasgos, características y alcance del compromiso que desarrollan.

Explorando las características que revisten las actividades de las víctimas movilizadas llegamos a la conclusión de que existen tres tipos principales de compromiso político: a) relativo al propio caso; b) vinculado con una causa o marco de acción colectiva y c) abierto a una carrea política. En el segundo apartado del texto explicamos los rasgos más importantes de cada uno de los tipos construidos. Luego, en el siguiente, los pusimos a prueba observando con más detalle la trayectoria y actividades de tres víctimas contemporáneas en temas y casos muy diferentes entre sí.

Como señalamos más arriba, si bien la tipología tiene la capacidad de mostrar las diferencias en los modos de compromiso político de las víctimas, también es cierto que debe confrontarse con la dificultad de convertir un proceso en una clasificación. Las formas de compromiso, como dijimos, se expresan en trayectorias que congelamos en un momento dado pero que pueden variar. La variación puede ser tanto en el sentido de escalar las formas de compromiso (del caso, al marco de acción, a la política institucional), como también en un sentido inverso. Es interesante preguntarse de modo sistemático cómo se transforman esos modos de compromiso político a lo largo del tiempo, aunque no es aquí el momento ni el lugar para hacerlo.

La relación entre los tipos de compromiso político no debe ser pensada como una jerarquía, pero sí como etapas que en la mayoría de los casos dependen una de otra. Es necesario ser portavoz del propio caso para saltar a una causa pública. Generalmente es necesario ser portavoz en una causa pública para saltar a la política. Pero no sostenemos que en esas diferencias estén implicados grados de compromiso político.

A través del análisis del compromiso político de las víctimas pueden estudiarse con mayor atención el lugar destacado y prominente que ocupa el trabajo en el Estado en las trayectorias analizadas. Ese aspecto requiere mayor exploración dado que se trata de un elemento que aparece de modo recurrente en las trayectorias de las víctimas. Y lo hace tanto en virtud de la expertise que ellas desarrollan en relación con ciertos temas y casusa públicas como en relación con sus compromisos y apoyos político-partidarios. Esa hibridez tiende a complicar la distinción tajante que la tipología propone y representa un desafío mayor para continuar la indagación.

 

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