REVISTA CENTRAL DE SOCIOLOGÍA, Nº 20, 2025. ISSN 0718-4379 ed. impresa, ISSN 2735-7058 ed. en línea.
El impacto de la pandemia en el mercado laboral y las clases de Buenos Aires
The impact of the pandemic on the labor market and classes of Buenos Aires
Fecha de recepción: 16 de mayo de 2025 / Fecha de aprobación: 14 de julio de 2025
1 Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina.
Correo electrónico: sdevillalobos@sociales.uba.ar.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0600-4761
Resumen
La pandemia impactó asimétricamente sobre las condiciones de vida. La teoría de Erik Olin Wright propone un esquema de clases que contempla un rango de posiciones basado en activos socioeconómicos relevantes para poder garantizar el empleo o la inclusión en medidas de seguridad social durante la situación de confinamiento.
Este trabajo compara el mercado de trabajo del Área Metropolitana de Buenos Aires, su composición de clase y la precariedad laboral durante el impacto de la pandemia y el momento siguiente al mismo, para ello empleando un análisis estadístico de tasas y proporciones de la Encuesta Permanente de Hogares.
Estas indagaciones demuestran cómo las posiciones más concentradas en sus relaciones de interdependencia se desempeñaron mejor económicamente en relación a las más dispersas. Asimismo, fue relevante el recambio tecnológico que impulsó la pandemia y las formas de capitalización del mismo según clase social.
Palabras clave: Pandemia, Mercado de trabajo, Clase social, Condiciones de trabajo, Política social
Abstract
The pandemic had an asymmetrical impact on living conditions. Erik Olin Wright’s theory proposes a class scheme that considers a range of positions based on relevant socioeconomic assets in order to guarantee employment or inclusion in social security measures during lockdown.
This paper compares the labour market in the Buenos Aires Metropolitan Area, its class composition and job precariousness during the impact of the pandemic and the period immediately following it, using a statistical analysis of rates and proportions from the Permanent Household Survey.
These findings show how positions that are more concentrated in their interdependent relationships performed better economically than those that are more dispersed. Likewise, the technological change driven by the pandemic and the ways in which it was capitalised on according to social class were also relevant.
Keywords: Pandemics, Labour market, Social class, Work conditions, Social policy
Introducción
Con la llegada del virus del COVID-19 a la región latinoamericana y caribeña a principios del año 2020, organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL), no tardaron en publicar predicciones sobre las tendencias de los mercados laborales de la región en base al estudio de los primeros datos recabados tras la declaración de confinamientos y aislamientos sociales en los países de la región. En el presente trabajo, observaremos la evolución de algunos indicadores del mercado de trabajo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en clave de aquellos trabajos. Analizaremos los cambios en la población trabajadora desde múltiples aristas: la actividad económica, la ocupación, la desocupación, la subocupación, la informalidad y su distribución en las relaciones de clase. Además, interesa específicamente a este estudio, las situaciones laborales de la clase asalariada, con motivo de percibir más detalladamente las diferencias que generan en su estabilidad la posesión diferencial de recursos de trabajo por parte de ellos y así dar cuenta de los distintos niveles de vulnerabilidad presentes en una clase trabajadora más compleja y heterogénea.
Respecto a nuestro contexto, un estudio conjunto de la OIT y la CEPAL (OIT, 2020) ha caracterizado a la región latinoamericana y caribeña por su estancamiento y ralentización o reversión de mejoras previas al quinquenio que culminó con el inicio de la pandemia del coronavirus. El último quinquenio estuvo marcado por un menor impulso en la generación de empleo, que también estuvo acompañado de un empeoramiento en su composición: la mayor expansión se dio en el trabajo por cuenta propia, a la par que aumentó la informalidad, las cuales jugaron un rol contracíclico frente a la insuficiente creación de empleo en relación de dependencia y registrado. Este aumento de la informalidad asalariada y, en mayor proporción, cuentapropista transitó con un crecimiento desacelerado de los ingresos en los últimos años. El menor dinamismo de los salarios dificulta la prosecución hacia niveles más bajos de concentración de los ingresos. En el 2019 continuaron intensificándose las tendencias desfavorables observadas en los mercados de trabajo de la región. En particular, el leve aumento de la tasa de desocupación fue acompañado de un empeoramiento en la calidad de las ocupaciones y de un muy reducido incremento en las remuneraciones reales de los trabajadores. En esta situación vulnerable es que la América latina y caribeña, y la Argentina, reciben el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19.
La propagación del coronavirus en la Argentina se inició por febrero del 2020 y en marzo el Estado declaró el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (ASPO), el cual fue una medida de confinamiento y aislamiento social cuyo fin fue reducir la propagación del virus del COVID-19 a niveles que permitieran al sistema sanitario tratar a los afectados. Esta situación restringió la economía solamente a aquellas actividades que cubrieran las necesidades sociales más esenciales, generando una gran crisis económica sobre la realidad previamente esbozada. Según proyecciones del FMI (OIT, 2020) se ha estimado una baja del PBI del 9,9% para la Argentina durante el 2020 y en un contexto donde se contó con escaso espacio fiscal para hacer frente a la crisis. Tal como deja en claro la OIT,
La irrupción de la pandemia de la COVID-19 sucede en un contexto de desaceleración económica y la ralentización o reversión de las mejoras laborales logradas en años previos. También donde persisten características estructurales asociadas con la elevada informalidad laboral, reducidos ingresos medios, significativas brechas salariales y debilidades en los sistemas de protección social y de salud en cuanto a cobertura y suficiencia de las prestaciones. Es de esperarse, que el colapso macroeconómico del país impacte de manera desproporcionada en algunos segmentos de la población, amplificando las brechas laborales y sociales. (2020, p. 3)
Weller (2020), por su lado, teoriza sobre la destrucción, transformación y creación de empleos que significa el pasaje de la economía mundial a través de la pandemia. Para este autor la interrupción súbita de actividades económicas impactará de una manera distinta al desempleo respecto a otras crisis económicas. Esto se deberá a dos factores: 1) parte de la población que pierde su empleo por la situación de pandemia percibe que no hay vacantes disponibles para su oficio o profesión, por lo que no buscan un nuevo empleo y salen de la población económicamente activa en espera a un cambio de la situación por lo que, estadísticamente, no serán consideradas desocupadas; y 2) la generación de ingresos laborales en el sector informal está fuertemente limitada por las restricciones impuestas a actividades para evitar la propagación del COVID-19. Por lo tanto, no se daría una expansión del sector informal como en otras situaciones de crisis. Por ello, lo más esperable es una drástica baja en la tasa de ocupación en las primeras estadísticas laborales durante la pandemia.
Sin embargo, la OIT (2020) especula que el 2020 estaría marcado por el aumento de la desocupación o por intensos tránsitos a la inactividad, dependiendo de varios factores como: las políticas de mantenimiento del empleo, la forma de flexibilización de las medidas de contención social, y las transferencias no contributivas a la población parada, entre otras.
Las primeras medidas realizadas por la OIT (2020) en distintos centros urbanos del Caribe y América Latina muestran que a inicios de la pandemia que las tasas de informalidad se vieron contraídas por la reducción del trabajo asalariado informal y también del trabajo por cuenta propia, del cual mayormente a su vez es informal, debido al colapso generalizado de la demanda de empleo ya que muchas actividades estuvieron imposibilitadas. Esto se condice con las predicciones de Weller (2020) sobre que en un primer momento la proporción de empleo informal se contraiga, pero advierte que esta situación solo será transitoria mediante las medidas de confinamiento se revoquen, donde no solo muchos ex trabajadores informales volverán a serlo, sino que también se sumarán otros grupos al trabajo informal, como aquellos trabajadores de empresas que quebraron irremediablemente, jóvenes que entran por primera vez al mercado laboral y otros miembros del hogar que se vean en la necesidad de emplearse para contribuir al ingreso familiar. El cierre de muchas micro y pequeñas empresas, usualmente debajo de la brecha tecnológica, destruirá de manera permanente una cantidad de empleos formales accesibles a personas con niveles intermedios o bajos de educación. Pero mientras tanto, las expectativas desfavorables sobre el funcionamiento de los mercados de trabajo reducen los incentivos a la búsqueda de empleo entre aquellos que perdieron su trabajo, que preferirán esperar a un cambio de condiciones en el panorama. Un caso esparcido en dicha expectativa es el de los suspendidos de sus trabajos sin goce de sueldo, pero con la promesa de ser reincorporados mediante se liberalice el movimiento social.
El impacto de la pandemia, estipulado como uno de fuerte inactivación económica, afectara de manera diferencial a la clase trabajadora. Unos sectores se verán más afectados que otros y, en lo pertinente a este trabajo, habrá diferencias entre los trabajadores por condición de formalidad (formal/informal) y por tipo de relación de trabajo (empleado/por cuenta propia). Weller (2020) estipula que el cuentapropismo se verá más afectado que el trabajo asalariado y que dicha relación se profundiza dentro de la informalidad, ya que suele implicar muchas actividades desempeñadas en el espacio público el cual deja de estar normalmente accesible por las medidas de confinamiento. Asimismo, la OIT (2020) afirma que el pasado mecanismo contracíclico del cuentapropismo y/o la informalidad se debilita o desaparece en esta coyuntura de restricción del uso del espacio público y donde no todas las actividades son adaptables al teletrabajo, punto en el que Weller (2020) advierte de una profundización de las desigualdades (tanto entre trabajadores como entre empresas) causada por la brecha tecnológica.
Cabe destacar, frente a esta destrucción del empleo, que el Estado nacional y, correspondientemente al AMBA, también los Estados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, han ejecutado una serie de programas sociales y medidas para atender los efectos económicos de la pandemia sobre los hogares, familias y empresas que modularon las posibilidades económicas de los trabajadores y tuvieron influencia en el mercado laboral. Si bien hubo varias medidas como el subsidio extraordinario a la AUH y AUE, el pago extraordinario a la Tarjeta Alimentar, el refuerzo a jubilaciones y pensiones mínimas, la doble indemnización, la prohibición de despidos o el acuerdo UIA-CGT; los programas más profundos fueron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). (Certángolo y Curcio, 2020)
El IFE fue una transferencia no contributiva a monotributistas de categorías A y B, monotributistas sociales, trabajadores de casas particulares, trabajadores desempleados o informales que cumplieran algunos requisitos y prioridades más, que se repitió dos veces. Este programa social posibilitó el sustento de, prácticamente, todos los trabajadores informales (por cuenta propia o asalariados) sin tener que trabajar o trabajando de manera reducida. El IFE habilitó, junto con ahorros previos, ayudas familiares y/o economizando gastos del hogar, la desactivación económica de la porción informal de la fuerza de trabajo del AMBA.
Por otro lado, el ATP, la prohibición de despidos y el acuerdo UIA-CGT que estipulaba la suspensión de trabajadores con goce de sueldo reducido, fueron medidas que beneficiaron a la fuerza de trabajo registrada del AMBA. Pues, de manera conjunta, el Estado y las empresas continuaron pagando de manera total o parcial los salarios de los trabajadores formales, aunque la actividad económica se viera reducida o parada según el sector. La OIT (2020) y Weller (Weller, 2020) afirman que la contención de las relaciones de trabajo lograda con estas medidas resultará beneficiosa en una más rápida recuperación económica una vez pasado el contexto de pandemia, pues se conserva mano de obra cualificada y ya experimentada en las empresas, ahorrándose en búsquedas, re-locaciones y capacitaciones de la fuerza de trabajo, como también se evita en el presente y a futuro un mayor aumento del desempleo.
Otro informe de la OIT (2021) recorre la evolución de varios parámetros laborales mundiales demostrando la importancia del avance de la vacunación para “reabrir” o normalizar los lugares y puestos de trabajo. La inmunización de la población contra el coronavirus ha resultado clave para la reactivación laboral en todo el mundo, aunque los ritmos de recuperación del empleo y de la productividad se han estancado desde principios del 2021 en niveles aún inferiores a fines del 2019, indicando cierta perdurabilidad de la situación de restricción a la circulación social, o la consolidación de un nuevo contexto económico, o ambas cosas. El informe también destaca que los jóvenes, y en particular las mujeres, siguen sufriendo mayores déficits de trabajo y más dificultad en reincorporarse al mismo tras la pandemia. La inclusión y exclusión que se observe en nuestro mercado laboral por diferencias etarias o de sexo, son relevantes a conocer con mayor profundidad el carácter de las relaciones de trabajo que nos rodean.
Para poder observar la realidad que el lento paso de la pandemia del COVID-19 está dejando en el mundo del trabajo es necesario analizar las variables del mercado laboral, la extensión de la informalidad y las proporciones de las distintas posiciones de la clase trabajadora, pues las mismas son relativas a la conflictividad social y a las posibilidades del capital en mantener su legitimidad. El nivel de pobreza o de desigualdad de fuentes de ingreso y su carácter siempre marcan agenda por la legitimidad del orden imperante. Desde este orden, la pandemia del COVID-19 plantea nuevos desafíos para el capital y el trabajo en contener los desequilibrios del capitalismo.
Marco conceptual
El estudio del trabajo y sus condiciones posee varias aristas de análisis al ser una actividad fundamental en la reproducción social. Desde este artículo se tomará la perspectiva de clases de Erik Olin Wright y se la complementará con mediciones funcionales para indagar sobre la realidad de la precariedad laboral que comprenden las distintas posiciones de clase en el caso particular del AMBA y sus modificaciones por el paso de la pandemia.
La actividad económica se halla estructurada en relaciones de clase en cuya estabilización se basa el mantenimiento del capitalismo (O’Donnell, 1978). Gran parte de la misma se basó durante mediados del siglo XX en la expansión de las clases medias. Desde la perspectiva de Wright (2000) se podría ubicar a las mismas como ocupantes de posiciones contradictorias en las relaciones de clase. Mientras que la relación de clase fundamental del orden económico-social imperante se basa en la interdependencia de intereses materiales antagónicos entre la producción y posesión de la valorización social, donde la apropiación de una clase genera privaciones materiales a la otra, hay posiciones contradictorias en el proceso productivo entre estos dos polos. Estas posiciones se delimitan por ser explotadas por el capital, pero a la vez ser beneficiadas por el mismo en relación a otras posiciones de la clase trabajadora. Estos son los trabajadores que poseen cualificaciones escasas, o posiciones de autoridad sobre el trabajo, o ambas. Los primeros, son aquellos que poseen conocimientos y habilidades no enteramente distribuidas en el mercado laboral y la forma típica de restricción de su oferta son los títulos. Esta posición los hace más demandados por el capital en competencia, del cual logran “rentas de cualificación” más allá del coste de su reproducción social. Los segundos son trabajadores a los cuales el capital delega la autoridad de control sobre el proceso productivo y el trabajo. La lógica acumulativa del capital va acrecentando la cantidad de trabajo explotado más allá de las capacidades de dominación directa del capital, por lo que el mismo jerarquiza al trabajo y otorga “rentas de lealtad” a porciones del mismo con el cual encargan las tareas de control, supervisión e inspección de la producción con el objetivo de maximizar la explotación laboral en base a regular la misma con sanciones, estímulos y disciplina. El capital logra así la voluntariedad necesaria por parte del trabajo.
Ambos grupos descritos, los cuales podríamos categorizar como “cualificados” y “supervisores” desempeñan un trabajo cuyo valor para el capital es mayor del que reciben en sus salarios, por lo que en ellos sucede una extracción de plusvalía. Aun así, esta le brinda ingresos mayores al coste de la producción y reproducción de su fuerza de trabajo y la de su prole (haciéndolos trabajadores no proletarios, pues poseen algo más que su fuerza de trabajo y la de sus hijos/as). Esta simultaneidad entre serles extraído plusvalor de su trabajo y recibir porciones de plusvalor ajeno, ubica a estos trabajadores en una posición contradictoria con su clase social. Por un lado, poseen un interés objetivo de clase por abolir la propiedad privada de los medios de producción y apropiarse del entero de la valorización de su trabajo, pero, por otro lado, la defensa del capitalismo que allí los ubica les da un interés objetivo por el aseguramiento material privilegiado que tiene forma en sus rentas y propiedades (aunque raramente sea de los medios de producción económicamente relevantes).
Esta simultaneidad de intereses objetivos de clase es una forma de dividir e inmovilizar a la clase trabajadora en el desarrollo de la lucha de clases y mantener el funcionamiento del capital. (Wright, 2000)
Para un estudio contextualizado en el AMBA, se hace necesario recuperar uno de los efectos de la heterogeneidad estructural (Salvia et al., 2008) de la economía y el trabajo en la Argentina: la informalidad. El estudio del trabajo informal y su mayor vulnerabilidad económica no es novedoso. Elbert (2020) ha estudiado la informalidad económica, la cual define como todas aquellas actividades económicas que no estén reguladas por las instituciones de la sociedad. De estas actividades, la que nos interesa es el trabajo informal, que se define por ser aquel que no está registrado en la legalidad del Estado y, por lo tanto, no es susceptible de garantía de los derechos laborales y seguros sociales. Este tipo de trabajo no brinda al trabajador aporte a su jubilación, cobertura médica u otros tipos de seguro, lo que significa una posición individual totalmente dependiente del mantenimiento de la venta de fuerza de trabajo para garantizar el sustento personal y familiar. Sea la fuerza de trabajo de ese tipo de trabajador de alguna manera afectada o sus posibilidades de ser vendida, este queda desprovisto de sustento material frente al mercado o el Estado al no poseer contrato jurídicamente sancionado que le permita reclamar distintos tipos de recursos o previsiones para su mantenimiento y el de su familia. La OIT (2020) demuestra cómo el trabajo informal se combina con la falta de cobertura de seguridad social y de protección laboral con reducidos ingresos promedio y elevadas tasas de inestabilidad ocupacional y de ingresos. Para Elbert (2020), los dos tipos de informalidad importantes a investigar, ya que suelen asociarse con situaciones de precariedad o pobreza, es la que se da en los asalariados y los trabajadores por cuenta propia (cuentapropistas). Aun así, la informalidad no es exclusiva de esas posiciones de clase.
Para profundizar en las problemáticas y sus cambios generados por la pandemia, es relevante abordar la precariedad laboral que caracteriza a cada una de las posiciones de clase. Un trabajo escrito por Busso et al. (2014) caracteriza a la misma por la nula o baja probabilidad de mantener una relación salarial de dependencia en el tiempo, implicada con protecciones legales y garantías sociales que prevean las contingencias que atenten con dicha relación y actúen para restituirla o cubrirla. Las dimensiones para analizar la precariedad laboral son muchas y todas se definen por su carencia de las propiedades obtenidas por el trabajo en su mayor momento de fuerza política e institucionalización: contratos de duración por tiempo limitado, trabajo rotativo, períodos de prueba, contrato informal, salarios individuales, trabajo a destajo, desempleo funcional, etc. Para describir de manera aproximada a la precariedad laboral en este estudio acudiremos a las tasas de población económicamente activa (PEA), ocupación, desocupación, subocupación e informalidad. Con estas mediciones se puede evaluar las probabilidades de ser rechazado a la relación salarial por parte del mercado de trabajo, de ser aceptado sólo parcialmente y de serlo sin garantías de permanencia o cobertura alguna.
Metodología
Para este estudio se ha utilizado una metodología cuantitativa basada en el análisis de tasas y proporciones de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de los segundos trimestres del 2019, 2020 y 2021 de la población del AMBA. Los períodos electos son funcionales a describir la situación laboral previa a la pandemia, dentro de la pandemia y en la salida de la pandemia respectivamente, y así realizar comparaciones que nos caractericen a los efectos de la misma sobre el mercado de trabajo y las posiciones de clase. Como se sabe, el virus del COVID-19 se propagó por el AMBA en el mes de marzo del 2020, por lo que los efectos de su impacto son observables en el segundo trimestre del 2020. Para saldar los efectos estacionales del mercado de trabajo, se han optado el mismo trimestre de 2019 y de 2021, para ver la situación previa y posterior al impacto de la pandemia.
Respecto al recorte espacial, se ha elegido al AMBA ya que ha sido una zona donde las restricciones de circulación social contra la propagación del contagio se han dado de manera homogénea a lo largo del tiempo, haciendo a sus datos comparables. Un análisis de toda la Argentina tendría el sesgo de que sus diferentes provincias e inclusive ciudades han sido administradas con distintas medidas de cuarentena en distintos momentos, mientras que los gobiernos de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires unificaron medidas al tratarse de un continuo urbano en la zona metropolitana.
Se han confeccionado las tasas de PEA, ocupación, desocupación y subocupación siguiendo las definiciones del INDEC (2003). Primero, la PEA
[…] está compuesta por todas las personas que aportan su trabajo (lo consigan o no) para producir bienes y servicios económicos […] se asume como parte de la PEA a todas las personas de 10 años y más que en un periodo de referencia corto tienen trabajo y aquellos que sin tenerlo están disponibles y buscan activamente trabajo. Son parte de la PEA tanto los ocupados como los desocupados. (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2003)
La PEA también es llamada Fuerza de Trabajo, nominación que tiene un sentido sociológico en reflejar el tamaño estadístico que tiene la clase trabajadora en el mercado de trabajo analizado.
En base a eso, se calcula la tasa de actividad como la proporción de la PEA sobre la población total. Luego, son ocupados todas las personas mayores a 10 años y que en la última semana hayan trabajado al menos una hora o que no lo hicieron por licencias, vacaciones, suspendidos con pago y ausentes por otras causas laborales. Por consiguiente, la tasa de ocupación se confecciona como la proporción de los ocupados sobre la población total. Siguiente, son desocupados todas aquellas personas que no tienen trabajo, pero se encuentran disponibles para trabajar y están buscando activamente trabajo en el último mes. Los suspendidos sin pago que no buscaron por esperar ser reincorporados también son considerados desocupados. La tasa de desocupación se calcula como la proporción de los desocupados sobre la PEA. Finalmente, la tasa de subocupación se calcula como la proporción de personas que trabajando 35 horas semanales o menos desean y están disponibles para trabajar más sobre la PEA.
Por el contrario, ya que la EPH no confecciona una tasa o definición propia de la informalidad, se toma el criterio operativo utilizado por Elbert (2020) para definir a una población de asalariados informales y cuentapropistas informales. Se considerarán asalariados informales todas las personas que estén ocupadas en el mercado laboral, en la posición de empleados y que no perciban descuentos jubilatorios por su actividad. Con esta última característica se distingue a todos los trabajadores que no están registrados en el sistema de seguridad social. Con respecto a los cuentapropistas informales, este indicador no sirve ya que no tienen empleadores que puedan realizarles aportes jubilatorios. Por lo tanto, se incluirá como cuentapropistas informales a todas las personas que estén ocupadas en el mercado laboral, en la posición de trabajador por cuenta propia y con estudios superiores incompletos o niveles educativos inferiores. El grado de calificación educativa es utilizado para distinguir a los informales en consonancia con uno de los criterios de la informalidad “productiva” (Gasparini y Tornarolli, 2009) al hallarse dificultades para captarla de manera legal con los datos de la EPH (Esquivel, 2006).
Por el otro lado, las consideraciones metodológicas para la reconstrucción de las posiciones internas de la clase trabajadora con los datos de la EPH son más complejas y dificultosas. Domingo-Salvany et al. (2013) realiza una categorización del nomenclador de ocupaciones de la estadística española para la agrupación de las 12 clases sociales propuestas por Wright (1998). En el caso argentino existe el Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO) cuya idoneidad para una clasificación clasista de la fuerza de trabajo es discutida. Para Tosoni (2008) el CNO está conceptualizado desde una perspectiva funcionalista que no permite adecuadamente relevar a los propietarios de los medios de producción y la extracción de plusvalor. Al respecto, en uno de sus estudios, Dalle (2012) elabora un diseño que combina datos del CNO con la categoría ocupacional y las tenencias de maquinaria, local o auto.
Tomando base en los autores antes mencionados, este trabajo ha segmentado a la PEA por su categoría ocupacional para agruparlos en empleadores, cuentapropistas y asalariados. Los cuentapropistas fueron agrupados a su vez entre calificados y no calificados según su calificación ocupacional en el CNO. Del lado de los asalariados, siguiendo la teoría de Wright estos fueron separados entre quienes no poseían ningún otro recurso que no fuera su propia fuerza de trabajo (Proletarios), quienes poseían cualificaciones escasas (Expertos), quienes trabajaban en posiciones de autoridad y control sobre el trabajo ajeno (Supervisores) y finalmente quienes poseían simultáneamente los dos atributos recién mencionados (Directivos). La adjudicación de cualificaciones o autoridad a los casos fue dada por las variables de jerarquía y calificación ocupacionales presentes en el CNO.
Tras unas pruebas, se decidió unificar al grupo de los supervisores con el de los directivos por su muy baja presencia relativa, explicándose por una clara asociación estadística entre la autoridad y las calificaciones, engrosando la proporción de los aquí llamados directivos. Esta cuestión llama a trabajos futuros a investigar más detalladamente en la distribución de las categorías de jerarquía ocupacional para poder distinguir apropiadamente a esta posición de los trabajadores.
Las conclusiones de la precariedad laboral se darán en base a las tasas de desocupación, subocupación e informalidad, entendiendo a las mismas como probabilidades de exclusión de la relación salarial de dependencia, de inclusión parcial y de exclusión de condiciones de garantía y previsión de la misma, respectivamente.
Considerando todo lo dicho, el objetivo de este trabajo es describir la fuerza de trabajo del AMBA, su composición de clase, y la precariedad laboral de sus asalariados ante el impacto económico de la pandemia del coronavirus y también a través de la salida de la misma. Esto involucrara una comparación entre el segundo trimestre del 2020 y sus trimestres previos y posteriores.
Resultados
Crisis por inactivación laboral
Observando la Figura 1 notamos que la llegada de la pandemia y su cuarentena marcó un abrupto descenso de la tasa de actividad en 12 puntos porcentuales (p.p.), lo que significa que una parte significativa de la población retiró la oferta de su fuerza de trabajo. Weller (2020) afirmaba que esto sucedería y explicaba que se debería a individuos que perdieron sus trabajos por las medidas de confinamiento adoptadas contra la propagación del virus y que no tienen expectativas de encontrar otro trabajo nuevo por la situación epidemiológica, o que no están interesados en cambiar de trabajo y esperan al término de la situación para reinsertarse en sus puestos previos o similares (especialmente cuando se trata de actividades dependientes del espacio público, el movimiento social y que son inadaptables al teletrabajo). También se halla el caso de aquella fuerza de trabajo que está suspendida sin paga, pero que espera a ser reinsertada una vez que pase la situación. Dalle y Actis Di Pasquale (2021) afirman que también es clave la propia reluctancia de la población a salir al espacio público para trabajar para entender este fenómeno. Por lo menos, durante el impacto y los primeros tiempos posteriores, la fuerza de trabajo se desactivó ante los riesgos para la salud y la vida que implicaba la posibilidad de contagio.
En relación, vemos que la tasa de ocupación bajo casi de manera concomitante a la tasa de actividad (11 p.p.), lo que se condice con el muy leve aumento de la tasa de desocupación. Esta evolución indica que el impacto de la pandemia no tuvo el carácter de otras crisis económicas donde aumenta la desocupación. Por el contrario, la desocupación creció escasamente, mientras que la ocupación descendió en una proporción mayor. Esto se debe a una gran parte de la población que ha sido desempleada y que a la vez no busco o suspendió la búsqueda de empleo por la falta visible de oportunidades laborales. Las medidas de confinamiento y aislamiento han eliminado mercados laborales, como en el caso de hotelería y restaurantes; o suprimido ciertos espacios de trabajo, como la venta ambulante en el espacio público. Estos datos arrojan una certeza de que se trató de una crisis por desactivación económica compuesta, no por el efecto del “trabajador desalentado” (Dalle y Actis Di Pasquale, 2021, p. 33), sino por trabajadores directamente inhabilitados de participar en el mercado de trabajo con nuevas exigencias excluyentes, producto de la circunstancia pandémica.
Asimismo, vemos que la tasa de informalidad del mercado laboral baja drásticamente del 43,7% al 35%, pero esto no se debe a una ola de formalización de los ocupados, sino a un gran tránsito de todos los ocupados informales hacia la inactividad económica. De esa manera, dejando mayormente a los ocupados formales dentro de la actividad económica en la cual ya estaban, y demostrando su mayor estabilidad ocupacional.
Esta medición reafirma el efecto de las políticas de resguardo del empleo como lo fue la ATP, donde todos los trabajadores empleados con contratos formales mantuvieron su lugar de empleo y parte de sus ingresos, aunque se vieran imposibilitados de asistir a sus puestos de trabajo. Aun así, en esa situación técnicamente son población ocupada. Por otro lado, la política de transferencia de ingresos que fue el IFE habilitó a los trabajadores informales a mantener su reproducción material, aunque fueran expulsados del mercado de trabajo. Si bien el Estado agenció políticas para el mantenimiento de la reproducción de la fuerza de trabajo, las distintas modalidades en que lo hizo revelan la reafirmación de una mayor estabilidad laboral en la condición de formalidad.
Figura 1
Tasas laborales por año (2° trimestre) en el AMBA.
Fuente: elaboración propia en base a la EPH-INDEC
Finalmente, el período analizado termina con un mercado laboral más positivo y cercano a los niveles prepandémicos. La ocupación mejoró 8,6 p.p. desde el impacto de la pandemia, la actividad económica lo hizo casi en la misma cantidad, y el desempleo disminuyó 3 p.p. Aun así, ninguno de esos indicadores supera los niveles previos a la pandemia. Por su lado, la informalidad volvió a aumentar su presencia en el mercado de trabajo hasta quedar 3,2 p.p. por debajo de su nivel prepandémico, mostrando que en general los informales volvieron al trabajo, mientras que una menor parte aún no se había puesto a buscar empleo. Aunque estos números nos inhabiliten de afirmar una total recuperación del mercado laboral de antes de la pandemia, cabe destacar que la misma aún no había terminado para el momento de este análisis. Si bien la circulación social en el AMBA estaba prácticamente restaurada (conservándose cuidados mínimos), cosas como los controles en el movimiento internacional, medidas de prevención contra rebrotes de contagio en otros lugares y la inversión de recursos estatales en vacunación contra el coronavirus aún perduraban, marcando que la pandemia aún seguía siendo un condicionante al “libre” funcionamiento del mercado. Empero, estas tendencias nos informarían de la duración de este fenómeno histórico y/o de la emergencia de un mercado más prescindente de fuerza de trabajo, conclusiones sujetas a mantener el análisis en los períodos posteriores.
Impacto en la estructura de clases
En la Figura 2 se observa el cambio de la estructura de clases a lo largo de los distintos momentos en relación a la pandemia. Cabe recordar que todas las proporciones están calculadas en base a la población económicamente activa, la cual se redujo durante el impacto de la pandemia y se volvió a expandir a la salida de la misma como vimos en el gráfico anterior.
Respecto a la posición empleadora se observa que su participación en el mercado de trabajo (más pequeño) se redujo durante la pandemia. Esto puede explicarse con la retirada de varios empresarios debido a que sus negocios fueron prohibidos por las medidas de confinamiento y aislamiento social. Ejemplo de esto son los cines, teatros, estadios, restaurantes, clubes deportivos y sociales, transportes, salones de eventos y todo tipo de actividad basada en la aglomeración social. Es de esperar que los capitalistas retirados hasta que la situación cambie fueran mayormente de pequeñas y medianas empresas donde sus posibilidades de reconversión productiva son limitadas y sus recursos estructurales para cumplir con las condiciones de aislamiento y sanitización para mantenerse en actividad son escasos. Por el contrario, a la salida de la pandemia, en un mercado de trabajo ligeramente más pequeño que el prepandémico, la posición empleadora terminó teniendo un tamaño ligeramente superior que el que tenía en 2019. Lo que marca cierta apertura de oportunidades de negocio tras la pandemia, probablemente de pequeña escala.
Figura 2
Distribuciones de las posiciones de case por año (2° trimestre) en el AMBA.(Todos los porcentajes son sobre la PEA)
Fuente: elaboración propia en base a la EPH-INDEC
Luego, las posiciones de trabajo privilegiado: directivos y expertos, aumentaron su peso relativo durante el impacto de la pandemia. Su mayor proporción en una PEA más pequeña marca que los trabajadores beneficiados por activos de cualificación o autoridad laboral lograron mantenerse en actividad a pesar del cierre de muchos rubros y puestos de trabajo, demostrando que su mayor estabilidad por posición de clase. A la salida de la pandemia, las proporciones de estas posiciones se restauraron por encima de sus valores prepandémicos, demostrando especialmente la instalación de puestos cualificados en el mercado laboral.
Pasando a las posiciones ocupacionales por cuenta propia, lo más distinguible se observa en el cuentapropismo no calificado que fue expulsado en gran medida del mercado de trabajo pandémico. Esto podría explicarse a que en gran parte los cuentapropistas no calificados realizan actividades donde la poca capitalización tecnológica debe ser suplida con trabajo físico (Gasparini y Tornarolli, 2009), el cual implica proximidad humana con los consumidores, como son los casos de la venta ambulante o la producción artesanal. Luego del impacto de la pandemia, esta posición se expande por más allá de su proporción prepandémica, demostrando no solo la vuelta a la actividad de muchos cuentapropistas no calificados, pero también el paso a esta posición de individuos nuevos, probablemente ex proletarios como veremos más adelante (0,8 p.p. más que en 2019). Además, la mayor presencia de los cuentapropistas no calificados por encima de los asalariados calificados (“expertos” en la Figura 2) se revierte con el paso de la pandemia, demostrando un mercado laboral con más exigencia de capacitación para sus asalariados, combinado con una expulsión al cuentapropismo en caso de no alcanzar con dicho requerimiento.
Finalmente, analizaremos la única posición que progresivamente fue perdiendo presencia dentro de la actividad económica: el proletariado. Los 4,1 p.p. que perdió desde antes de la pandemia hasta su salida se han repartido en el alza de todas las otras posiciones en las relaciones de clase, especialmente entre los trabajadores expertos que aumentaron su participación en 2,4 p.p. Esto marca que la pandemia destruyó muchos puestos de trabajo asalariado no calificado y que la nueva economía que surgió de ella ubicó a sus desplazados en puestos de trabajo calificado para quienes accedieran a capacitarse (probablemente en los rubros adaptados al aislamiento) o en el cuentapropismo no calificado en el caso contrario.
Estos cambios marcan una estructura de clases más distribuida, donde todas las posiciones tienen una presencia un poco mayor y más cercana a la posición mayoritaria: el proletariado.
Transferencia de precariedad entre posiciones de clase
Ante el crecimiento del trabajo experto con el paso del COVID-19 y la crisis económica que generó, se hace pertinente analizar la calidad laboral con la que el mismo se dio. Dentro de aquella cuestión, se analizará la calidad de la relación salarial de dependencia con el capital en general, observando también lo sucedido con el trabajo directivo y el proletariado.
Para ello, la Figura 3 nos muestra la variación relativa a la prepandemia (2° trimestre del 2019) de las poblaciones desocupada, subocupada e informal según posición asalariada en el mercado laboral del AMBA.
Figura 3
Variación relativa al 2019 de la desocupación, subocupación e informalidad en las posiciones de clase asalariada por año (2° trimestre) en el AMBA. (La desocupación es sobre la PEA, la subocupación e informalidad son sobre la ocupación)
Fuente: elaboración propia en base a la EPH-INDEC
Primero, observando el momento del impacto y en concordancia con la Figura 1, en todas las posiciones estos indicadores bajaron drásticamente en todas las posiciones expresando que más pudieron permanecer en actividad aquellos dentro de la formalidad y la ocupación plena. Dentro del trabajo experto, la presencia de desocupados se redujo relativamente menos que dentro del proletariado, ergo, los buscadores de empleo con calificaciones contaban con más posibilidades previas para retirarse del mercado laboral durante el impacto que los que no las tenían. Luego, comparando la subocupación experta con la subocupación proletaria, se repite el mismo hecho: los trabajadores calificados con empleos parciales pudieron retirarse transitoriamente de la actividad económica más que aquellos trabajadores no calificados con empleos parciales. No obstante, al analizar la variación de la informalidad, esta se reduce más en el proletariado que en el trabajo experto, lo que indica que el trabajo experto informal tuvo mejores posibilidades de hallarse entre los rubros exceptuados por las medidas de cuarentena o, más probablemente, de adaptar su actividad al aislamiento (teletrabajo) que los no calificados informales. Estos últimos, tuvieron que esperar a que pasara el momento más crítico de la pandemia para reinsertarse en el mercado de trabajo.
Pasando al último momento, el caso del trabajo directivo es el más impactante ya que con su expansión tras la pandemia también ha disminuido su desocupación a cero, mantenido una cantidad constante de subocupación (del 0% en todos los momentos), además de ir disminuyendo su informalidad. Estas evoluciones consolidan al trabajo directivo como el más resguardado de las crisis económicas.
Otro caso que aumentó su presencia relativa en la actividad fue el del trabajo experto. Si bien la economía de postpandemia posee más puestos calificados, vemos que esta mejora tiene sus matices. Efectivamente, la tasa de desocupación en esta posición disminuyó, mostrando que más personas consiguen efectivamente emplearse en puestos más calificados que en la prepandemia. Más aún, las variaciones de subocupación e informalidad en esta posición superaron sus niveles prepandémicos. Por lo tanto, la expansión del trabajo experto sucede en condiciones precarias de inestabilidad laboral y falta de garantías legales, contrario a los atributos que se le suele dar al trabajo más calificado.
Finalmente, observando la posición proletaria, vemos que todos los indicadores aquí analizados disminuyeron con el paso de la pandemia. El proletariado ha disminuido su tamaño a la vez que ha mejorado su calidad laboral: posee ligeramente menos informalidad, menos desempleo y, especialmente, menos subocupación.
Parte de los trabajadores se han movido de la posición proletaria hacia distintos tipos de relación de trabajo, haciendo a la estructura social más heterogénea, pero sin que eso implique necesariamente una disminución de la precariedad laboral. La porción de proletariado que se convirtió al cuentapropismo no calificado probablemente lo haya hecho en la forma de “asalariados ocultos” como cuentapropistas de único “cliente” como el trabajo en plataformas de reparto a domicilio. Mientras tanto, la otra porción que se convirtió al trabajo experto lo hizo arrastrando la precariedad laboral que poseían a su nueva posición.
Discusión
El impacto de la pandemia tiene muchas dimensiones, inclusive hablando del mercado de trabajo y la estructura social, por lo que muchas investigaciones serán necesarias para comprender de manera acabada este fenómeno que aún no concluye.
Aun así, estos datos nos permiten caracterizar algunas formas de este impacto. La implementación de medidas de confinamiento y aislamiento para controlar la propagación del COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado laboral. La disminución en la demanda de trabajo y el cierre de espacios de trabajo ha llevado a un gran número de trabajadores a la inactividad económica. Este hecho no se debió al efecto del “trabajador desalentado”, sino que aquellos trabajadores cuyas actividades no se consideraron esenciales y no pudieron ser adaptadas al trabajo remoto se vieron estatalmente imposibilitados de buscar empleo activamente y, en su lugar, tuvieron que recurrir a programas de asistencia económica no contributiva para sobrevivir. En el caso del trabajo informal la política específica fue el IFE, mientras que para el trabajo formalmente registrado se implementó el ATP. Cabe recordar, que la regulación estatal no fue lo único que imposibilitó la activación económica del trabajo. También lo fue el rechazo voluntario de la población a exponerse a los riesgos para la salud y la vida que implicaba la circulación social y su consecuente contagio del virus, por lo menos en los primeros tiempos del mismo (Dalle y Actis Di Pasquale, 2021).
Las restricciones impuestas sobre la economía por parte de la pandemia afectaron de manera desproporcionada a ciertos segmentos del trabajo. En particular, se ha confirmado que los trabajadores asalariados formales han sido los más protegidos frente al fenómeno, mientras que los cuentapropistas y los asalariados informales han sido los más afectados.
La intervención del Estado y las organizaciones gremiales patronales y laborales (como el acuerdo UIA-CGT y la ATP) ha demostrado la mayor protección ocupacional y de ingresos que gozan los trabajadores cuyas relaciones laborales están reguladas por las instituciones de la sociedad. Por otro lado, aquellas partes de la sociedad que se encuentran más dispersas en sus relaciones de interdependencia, como el cuentapropismo o el asalariado informal, sufren de una mayor vulnerabilidad en garantizar su ocupación y, en consecuencia, su seguridad social.
Luego del impacto de la pandemia, el mercado de trabajo se volvió a restituir y la gran mayoría de la población volvió a la actividad económica. Pero hubo cambios respecto a la prepandemia. El más destacable es que el tamaño del proletariado se achicó relativamente, mientras que el tamaño de todas las otras posiciones de clase se incrementó, marcando una mayor distribución de las mismas en la población analizada. Las expansiones más pronunciadas se dieron en los casos del trabajo experto y del cuentapropismo no calificado. Estas mediciones arrojan la hipótesis de que parte del proletariado ha pasado al trabajo experto o al cuentapropismo no calificado, según sus posibilidades de capacitarse en el tránsito de la pandemia. Probablemente en rubros adaptables al aislamiento que les permitieran conseguir un ingreso durante el mismo, como los servicios informáticos o de desarrollo de software. Esta observación, sumada a la de que, respecto a la prepandemia, la proporción de trabajo experto ha pasado a superar a la del cuentapropismo no calificado, permite conjeturar la formación de un mercado de trabajo mucho más exigente de capacitación para sus asalariados. Mientras tanto, aquella parte inhabilitada de cumplir con esos requerimientos es destinada al cuentapropismo no calificado, el cual, puede contener a “asalariados ocultos” que genera las condiciones de contrato de los trabajos por plataformas digitales (Woodcock y Graham, 2020).
Esta expansión del trabajo experto en detrimento del proletariado tuvo la particularidad de que se dio transfiriendo condiciones de precariedad laboral, como informalidad y subocupación, características del proletariado hacia el trabajo experto. Probablemente, muchos ex proletarios que lograron emplearse en puestos de trabajo con requerimientos cualificados durante la pandemia lo hicieron en una situación en la que el puesto era más calificado (que es lo que mide la EPH-INDEC) que ellos mismos en un momento de expansión de aquellos rubros dado por su adaptabilidad a la situación pandémica. Ello conllevo que estos nuevos “trabajadores expertos” fueran empleados tan solo parcialmente y en la informalidad. Condiciones aceptadas por parte de los nuevos trabajadores calificados ya que fueron las únicas disponibles para conseguir ingresos dentro del régimen de aislamiento. Esta tendencia podría instalar la disminución de garantías de estabilidad y protección que suele asociarse con las calificaciones laborales.
Conclusiones
Este trabajo concluye que las partes del trabajo que se hallaron más dispersas en sus relaciones de interdependencia económica han sido las más vulnerables ante el impacto de la pandemia y la misma ha dejado solo oportunidades laborales para los rubros de primera necesidad o adaptables al aislamiento social. Esta adaptabilidad, al requerir de mayor tecnología para saldarla, impulsó el trabajo calificado que incorpora las capacidades para poder utilizarla. Aun así, la expansión de las calificaciones también involucró el desplazamiento de parte del proletariado al cuentapropismo no calificado y una mayor distribución de la precariedad laboral entre más posiciones de clase.
El período analizado aquí termina con un mercado de trabajo pronto a recuperar su tamaño prepandémico, con menor desocupación, más formalidad y una estructura de clase más heterogénea, matizado por una mayor propagación de la precariedad laboral existente y nuevas exigencias de capacitación en detrimento de quienes no pueden cumplirlas.
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2 Agradezco al Dr. Rodolfo Elbert por su dirección y formación durante este ejercicio de formación final de mi carrera de grado y al apoyo del Consejo Interuniversitario Nacional que mediante su beca de Estímulo a la Vocación Científica (EVC-CIN) financió este trabajo.