REVISTA CENTRAL DE SOCIOLOGÍA, Nº 20, 2025. ISSN 0718-4379 ed. impresa, ISSN 2735-7058 ed. en línea.

 

Disputas conceptuales y modelos hegemónicos de familia en Chile. Genealogía crítica de la relación entre Estado y familia en contextos coloniales, republicanos, modernos y post-dictatoriales

Conceptual Disputes and Hegemonic Models of Family in Chile. A Critical Genealogy of the Relationship Between State and Family in Colonial, Republican, Modern, and Post-Dictatorial Contexts

 

Fecha de recepción: 28 de mayo de 2025 / Fecha de aprobación: 22 de julio de 2025

 

Camilo Améstica Zavala1

1 Universidad de Chile, Región de Coquimbo, Chile.
Correo electrónico: camesticaz@gmail.com.
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2784-1830

 

Resumen

Este ensayo aborda críticamente la noción de familia en Chile desde una perspectiva teórico-histórica, entendiendo su configuración como una construcción social atravesada por disputas ideológicas, políticas y económicas. Se revisan los aportes de la teoría de la hegemonía, la crítica de género y la deconstrucción, especialmente en relación con la naturalización de formas familiares dominantes y su articulación con proyectos de poder estatal.

El objetivo del trabajo es analizar cómo el Estado ha intervenido en la definición de la familia en cuatro momentos históricos: colonial, republicano, moderno y post-dictatorial. Metodológicamente, se utiliza un enfoque documental y discursivo, basado en fuentes secundarias legales, históricas y políticas, para identificar los criterios que han sostenido modelos familiares hegemónicos.

Entre los principales hallazgos, se destaca el abandono progresista del debate sobre la familia, lo que ha permitido la captura conservadora del concepto. Se propone su reapropiación crítica como herramienta para construir un marco familiar inclusivo y plural.

Palabras clave: Política familiar, Intervención estatal, Constructivismo social

 

Abstract

This essay critically addresses the notion of family in Chile from a theoretical-historical perspective, understanding its configuration as a social construct shaped by ongoing ideological, political, and economic disputes. It draws on theories of hegemony, gender critique, and deconstruction, particularly in relation to the naturalization of dominant family forms and their articulation with state power projects.

The aim of the study is to analyze how the State has intervened in the definition of family across four historical periods: colonial, republican, modern, and post-dictatorial. Methodologically, the work employs a documentary and discursive approach based on legal, historical, and political secondary sources to identify the criteria sustaining hegemonic family models.

Among the main findings, the essay highlights the progressive withdrawal from the conceptual dispute over family, which has enabled its conservative capture. It calls for a critical reappropriation of the concept as a tool to build an inclusive, plural, and democratic vision of family.

Keywords: Family politics, State intervention, Social constructivism

 

Introducción

El presente trabajo se plantea como un ensayo teórico-histórico que reflexiona críticamente sobre el concepto de familia en Chile, entendiendo su configuración como una construcción sociohistórica atravesada por disputas ideológicas persistentes. A lo largo de la historia nacional, múltiples criterios normativos han contribuido a definir lo que se entiende como “la verdad” de la familia, cristalizando en formas hegemónicas que han operado como modelos reguladores de lo posible y lo legítimo en la vida social.

Este estudio parte de una premisa clave: la retirada de los sectores progresistas de la disputa por el concepto de familia ha permitido que los sectores conservadores consoliden su hegemonía discursiva e institucional. La falta de una intervención activa en la resignificación del campo familiar ha favorecido su naturalización bajo preceptos ideológicos que se presentan como neutrales o inmutables. En consecuencia, el trabajo busca contribuir a una reapertura crítica de este terreno, proponiendo herramientas conceptuales para disputar sus significados y plantear la necesidad de su reapropiación como estrategia de transformación social.

Metodológicamente, el análisis se enmarca en una perspectiva de análisis documental y discursivo. Se utilizan fuentes secundarias —incluyendo textos normativos, historiográficos, jurídicos, de política pública y discursos ideológicos— para identificar patrones de definición, legitimación y exclusión en torno a lo familiar. La definición de hegemonía en los modelos analizados se basa tanto en su articulación institucional a través del aparato estatal como en su capacidad de configurar el imaginario social respecto de lo familiar.

Desde este enfoque, el texto propone un esquema analítico de cuatro modelos familiares hegemónicos que han operado en distintas etapas de la historia de Chile: la familia colonial, la republicana, la moderna y la post-dictatorial. Estos modelos son entendidos como síntesis ideológicas e institucionales que reflejan disputas más amplias entre tradición y cambio, y que permiten rastrear los sentidos en pugna dentro del campo de la política familiar. Cada uno de estos modelos está atravesado no solo por matrices simbólicas y normativas, sino también por procesos económicos estructurales como la consolidación de la hacienda, la industrialización del siglo XX, la expansión del Estado social y, posteriormente, la implementación del neoliberalismo.

Si bien han existido múltiples formas de entender la familia, estas pueden agruparse según su relación con el Estado: ya sea orientadas a conservar sus estructuras normativas o a transformarlas. Esta clasificación permite observar cómo las distintas posturas han operado políticamente en defensa o cuestionamiento de lo establecido, dando lugar a tensiones estructurales entre lo que se considera natural y lo que se concibe como modificable. Estas formas no se manifiestan de modo homogéneo: su implementación y alcance han variado según clase social, territorio, etnia y género, configurando un campo profundamente desigual y heterogéneo. En ese marco, la hegemonía familiar se ha constituido también mediante exclusiones activas de lo que no encaja en su molde normativo.

Las formas familiares abordadas aquí no se presentan como descripciones exhaustivas, sino como configuraciones hegemónicas que permiten ilustrar el carácter históricamente disputado del concepto de familia. En este marco, se adoptan las categorías de posturas “conservadoras” y “progresistas”, no como juicios de valor, sino como herramientas analíticas que ayudan a comprender las estrategias políticas que han moldeado —y que aún moldean— el campo de lo familiar en Chile. A partir de este análisis, se plantea la urgencia de recuperar críticamente el concepto de familia desde una perspectiva transformadora, capaz de enfrentar su captura por visiones esencialistas y abrir paso a nuevas formas de convivencia social y reconocimiento político.

 

Metodología

Este trabajo corresponde a un ensayo académico de carácter teórico-histórico, que se inscribe en el campo de la sociología crítica con enfoque documental y discursivo. La metodología utilizada se basa en el análisis de fuentes secundarias —documentos históricos, textos legales, discursos públicos, literatura especializada y ensayos ideológicos contemporáneos— seleccionadas por su relevancia en la construcción hegemónica del concepto de familia en Chile. La identificación de modelos hegemónicos se realiza considerando su institucionalización en políticas públicas, su refrendo en el discurso jurídico y su reproducción en el imaginario colectivo. Asimismo, el ensayo establece un eje analítico centrado en las disputas por el significado de la familia, articulando dicha noción a procesos históricos como la colonización, el liberalismo republicano, el proyecto moderno progresista, el neoliberalismo y las configuraciones conservadoras posdictatoriales.

 

La herencia colonial y la naciente república

Antes que un ejercicio de cambio drástico de las condiciones institucionales y culturales de la sociedad chilena, la revolución independentista significó una modificación pausada de las formas que hasta entonces habían predominado bajo el signo realista. La crítica de los privilegios de la nobleza respecto de las elites criollas tuvo, por cierto, su manifestación en la discusión respecto de la familia; ya en los incipientes debates constitucionales se apuntan las tensiones entre el modelo familiar colonial y el naciente espíritu republicano, cristalizadas, por ejemplo, en la constitución moralista de 1823(Rosemblatt, 1995).

Pero es en el ámbito del derecho en el que estas tensiones se hacen más evidentes, tomando en consideración que no es sino hasta la codificación de 1855 que el derecho penal y civil vigente en Chile fue el derecho castellano fundamentado en las recopilaciones de las Siete Partidas, marco en el cual se dio el debate por la abolición del mayorazgo, que en sus cuatro décadas de extensión aporta luces sobre las concepciones de familia en contradicción (Sanponts, 1844).

El mayorazgo, institución del derecho castellano a través de la cual se vinculaban bienes del patrimonio familiar en orden a que la herencia de estos se diera hacia solo un beneficiario, imposibilitando así la disminución de este patrimonio vía separación o enajenación, se encontró vigente en Chile hasta el año 1857, tras varios intentos de abolición desde la independencia( Barrientos, 2012).

Sistematizado ya en las Leyes de Toro en 1505 y en el tratado de derecho De hispanorum primogeniis de 1573, el vínculo de mayorazgo encontraba en su base los principios de organización familiar de la nobleza, a saber, la mantención del patrimonio en orden a la conservación del poderío económico de los señores, evitando los conflictos que la separación tras las sucesiones podría causar a dichos patrimonios y a los objetivos de ejercicio de soberanía de la Corona (Barrientos, 2012).

Lo que el mayorazgo implicaba en materias de sucesión y concentración de la riqueza familiar, la unidad entre la Iglesia y el Estado lo hacía en los órdenes políticos y morales. Aun en ausencia del poder colonial, la subordinación del poder político al poder eclesiástico se constituía como un bastión desde el cual las definiciones respecto de lo familiar eran dadas por el ideal normativo católico-romano, según las pautas establecidas por los príncipes de la Iglesia (Valdés, 2004; Salazar, 1990).

A la base de las posturas abolicionistas y separacionistas se encuentran los ideales antropológicos ilustrados supuestos en la revolución independentista y en el avance republicano. Así, los preceptos de la libertad de disposición de los bienes, la igualdad ante la ley de aquellos hasta entonces excluidos del mayorazgo, la libertad de credo y de matrimonio fuera de la norma eclesiástica, se constituyeron en bases para la concepción republicana de la familia. Dichos principios, sostenidos especialmente por sectores progresistas que demandaban legitimidad y reconocimiento por parte del Estado, representaban criterios universales que habilitarían la inclusión de nuevos sujetos políticos y sociales dentro del marco familiar reconocido por el derecho (Barrientos, 2012; Valdés, 2004; Salazar, 1990).

Se constituye entonces el discurso hegemónico familiar de la república desde esta tensión entre los presupuestos normativos colonial-eclesiásticos y las libertades individuales que las formas ilustradas proponían, en una apertura de los límites de la familia posible a actores hombres que hasta entonces se habían visto excluidos del ideal normativo, incluyendo la posibilidad de que el matrimonio como alianza se diera también sustentado por el ideal romántico del amor (Valdés, 2004; Rosemblatt, 1995).

Cabe señalar que este proceso histórico no operó de manera homogénea ni universal. Las formas familiares variaron considerablemente entre sectores sociales, territorios y culturas locales. Así, la familia obrera, campesina, minera o indígena mantuvo prácticas y concepciones del vínculo familiar que no siempre respondieron al patrón normativo burgués o eclesiástico (Salazar, 1990; Gonzálvez, 2013).

 

La familia moderna como eje del progreso

Si en el siglo XIX la disputa por el concepto de familia estuvo centrada en las diferencias entre la tradición colonial y el proyecto ilustrado, triunfando este último en la inclusión de sectores hasta entonces desconocidos por la legalidad; durante el siglo XX, y con una organización estatal nacional ya consolidada, los sectores progresistas fomentaron la familia moderna como una fórmula desde la cual era posible inscribir dentro del marco de bienestar civilizatorio a aquellos que hasta entonces no habían sido sujetos de atención por parte del Estado: las clases subalternas o el bajo pueblo (Rosemblatt, 1995; Salazar, 1990).

Este proceso fue paralelo a las transformaciones asociadas a la urbanización y la industrialización, que alteraron profundamente las formas de organización familiar tradicionales, especialmente en sectores populares desplazados desde el mundo rural.

Y es que la irrupción de las clases medias en la vida política nacional, la creciente organización de las capas obreras y el rol social que la Iglesia Católica asume desde la cuestión social fueron ejes coincidentes con la expansión del Estado hacia la definición de políticas familiares desde esta nueva lógica, dedicada a enfrentar las precariedades que estos sectores vivían debido a la escasez material (Rosemblatt, 1995; Staab, 2012).

La situación familiar de estos sectores se caracterizaba por la ausencia de formalidad en el establecimiento de vínculos familiares, donde se entendía que la cultura nómade de las poblaciones masculinas traía como consecuencia la precariedad asociada al abandono infantil, el madresolterismo y la ilegitimidad (Rosemblatt, 1995).

Ante esta situación, el Estado asumió como respuesta más eficaz la promoción de un proyecto familiar moderno que tendiera a la estabilización familiar para el control de las dinámicas de riesgo. Si bien encuentra sus antecedentes en los inicios del siglo XX, es desde los gobiernos del Frente Popular que esta dinámica de protección social universalista, enfocada en las familias, toma su mayor impulso (Rosemblatt, 1995; Staab, 2012).

Basado en la convicción del progreso de la sociedad, este proyecto de familia moderna tenía entre sus presupuestos la asignación de roles diferenciales para hombres y mujeres dentro de la institución idealizada como la forma natural de ejercicio familiar que era el matrimonio civil (Staab, 2012; Rosemblatt, 1995).

Así, mientras el Estado se daba a la tarea de domesticar a los hombres e instruirlos en la necesidad de hacerse responsables de ser los proveedores de la familia, a través del control del alcoholismo y la promoción de la recreación sana; las mujeres eran adoctrinadas en su rol de madres, esposas y amas de casa, responsables, por tanto, de la reproducción de la mano de obra y de la formación de ciudadanos (Rosemblatt, 1995).

Esta asignación de roles fue consolidándose a través del uso de incentivos como el salario familiar, mediante el cual se remuneraba al obrero para que fuese capaz de sostener a su familia, las asignaciones familiares y el acceso a otros beneficios que el Estado garantizaba a aquellos que hubiesen formalizado sus vínculos familiares y se comportaran de acuerdo con lo esperado, lo cual era supervisado por el Estado a través de la asistencia y vigilancia que implicaba la acción de las visitadoras sociales en los hogares (Rosemblatt, 1995).

Al mismo tiempo que se construían estos ideales familiares, se generaban las sanciones sociales para aquellos que no se inscribían dentro del canon. Así, por ejemplo, se dan las perspectivas que tendían a desincentivar el trabajo femenino, asociándolo a la mortalidad infantil, a la mala crianza de los hijos o a la irresponsabilidad respecto de su familia (Rosemblatt, 1995).

Estas políticas llevadas adelante por los sectores progresistas para la consecución del proyecto moderno dieron pie a que, hasta 1973, se entendiera la estabilización y protección de la familia como el eje fundamental desde el que debían guiarse las políticas de promoción social, concibiendo que la familia nuclear, basada en la conyugalidad y diferenciación funcional, sería la clave para el progreso de la nación (Rosemblatt, 1995).

En este marco es donde debe entenderse entonces que dentro de la propuesta de las 40 primeras medidas del gobierno de la Unidad Popular se encontraran la creación del Ministerio de Protección a la Familia, la igualdad en las asignaciones familiares, la leche para todos los niños de Chile, el control del alcoholismo y el fin a la justicia de clase a través de la creación de “un procedimiento legal rápido y gratuito con la cooperación de las Juntas de Vecinos, para conocer y resolver casos especiales, como pendencias, actos de matonaje, abandono del hogar y atentado contra la tranquilidad de la comunidad” (Programa de la Unidad Popular, 1970).

No obstante las críticas que hoy pueden hacerse respecto de la asignación de roles dentro de la familia (tras varias décadas de teorizaciones en torno al género) y la lógica de subalternidad reproducida por sus preceptos, en este trabajo se entiende que el proyecto de estabilización de la familia moderna hacia las clases subalternas como política pública universal de protección social supuso una apropiación y reescritura del modo familiar proveniente de la tradición católica y la élite decimonónica chilena, modificando sus significaciones religiosas tradicionales hacia contenidos seculares ligados al progreso, la igualdad y la democratización de la nación (Rosemblatt, 1995; Staab, 2012).

Este esfuerzo de reorganización simbólica impulsado por los sectores progresistas implicó, por tanto, una resignificación histórica del concepto de familia. Aunque mantuvo elementos normativos tradicionales, también fue capaz de abrirse a nuevas subjetividades y demandas sociales. No se trató de una ruptura con la hegemonía del modelo conyugal, sino de una reinterpretación de sus fines, en clave igualitaria, educativa y participativa. La familia moderna se transformó así en un espacio político de inclusión regulada, desde donde se proyectó una noción de ciudadanía social dirigida a las mayorías populares (Rosemblatt, 1995; Staab, 2012).

“Un hombre que tiene un tugurio por casa, que no tiene hijos, sino que alguna gente con la cual no puede convivir por lo exiguo de una pieza; un hombre desesperado, sin trabajo, sin expectativas, busca la posibilidad de evadirse de su drama en el alcohol. Y cuando esto sucede, nosotros colocamos esta lucha como una tarea ennoblecedora del Gobierno Popular, y reclamamos la cooperación del pueblo, su ayuda, combatiendo el alcoholismo defendemos a Chile; combatiendo el alcoholismo defendemos al pueblo; ¡combatiendo el alcoholismo defendemos a los trabajadores chilenos!” (Allende, 1972, p. 1).

“Queremos para la mujer chilena, igualdad jurídica; igualdad de oportunidades; igualdad de derechos ante la Ley. Queremos igualdad para sus hijos. Que no haya persecuciones a la madre soltera. Que no haya hijos ilegítimos o hijos naturales, que todos los hijos tengan los mismos derechos. […] Queremos que la mujer chilena sienta, entienda y comprenda que aquí, en las filas del pueblo, está su perspectiva y su futuro. […] La mujer sepa que en la barricada popular está clavada la bandera de su emancipación” (Allende, 1972, p. 1).

 

La Familia Post-Dictatorial

Con la implementación de las reformas neoliberales durante la dictadura cívico-militar iniciada en 1973, se da un drástico cambio en las formas que hasta entonces habían definido la protección social desde un carácter universalista, centrado en la promoción de la familia. La lógica del nuevo modelo económico, centrado en la iniciativa privada y en un Estado reducido a su mínima expresión, puso término a las políticas universales de protección social, siendo estas reemplazadas por la acción focalizada hacia los grupos de menores ingresos, lo que supuso que la mayoría de las familias de Chile quedaran fuera del marco de reconocimiento que hasta entonces habían tenido por parte del Estado, siendo la resolución de sus problemáticas su propia responsabilidad (Staab, 2012; Salazar, 1990).

“La reproducción social de las familias y su sustentabilidad dejaron de ser parte de las políticas del Estado y de la responsabilidad de las empresas privadas/públicas. El ámbito de las familias se privatizó; se perdió el sustento económico que le daban las políticas de conciliación familia-trabajo y quedaron libradas a la capacidad y recursos que disponía cada núcleo familiar” (Olavarría, 2014, p. 1).

Este giro estructural no solo implicó una reducción material de la protección social, sino también un desplazamiento del modelo normativo de familia promovido por el Estado. Al renunciar a su rol como garante universal de derechos, el Estado dejó vacante el espacio de definición y cuidado familiar, replegándolo al ámbito privado. Esta retirada supuso una profunda transformación del pacto social moderno construido durante el siglo XX, reconfigurando la familia como una unidad autosuficiente, responsable de su bienestar en un entorno de competencia y vulnerabilidad estructural. En este marco, las nociones de éxito familiar pasaron a depender de la capacidad económica de los hogares, consolidando desigualdades sociales y territoriales (Staab, 2012; Salazar, 1990).

 

La privatización de la familia y la captura conservadora

La alianza en dictadura entre los sectores de la élite conservadora tradicional de Chile y las ideas del neoliberalismo económico dio sus frutos tanto en la mencionada privatización de la práctica familiar, con la completa retirada del Estado de la protección social, como en el retorno a la hegemonía del concepto de familia basado en los ideales normativos propuestos por la doctrina religiosa en su expresión más fundamentalista, que entiende la familia y las relaciones que en ella se dan como naturales y parte de un proyecto metafísico(Staab, 2012; Fundación Jaime Guzmán, 2013).

Esta apropiación esencialista, que clausura la concepción de familia desde la visión naturalizada de la familia conyugal, supone que toda alteración en su forma normativa es parte de disfunciones que deben ser tratadas como patológicas. De ello sería ejemplo el crecimiento de la convivencia no matrimonial como forma de conformación familiar, que paradójicamente encuentra sus causas en las políticas llevadas a cabo por la dictadura:

“También se identificó que en casos de convivencia y mayor inestabilidad hay más probabilidades de que la pareja se vea involucrada en situaciones de trastorno conyugal. Así, en el caso de las parejas que cohabitan y no tienen intenciones de casarse, hay más posibilidades de presentar problemas relacionados con el alcohol, el abuso de drogas ilícitas, que uno de los miembros de la pareja se vea involucrado en conductas delictuales o de maltrato de parte de uno o ambos miembros de la pareja. Adicionalmente, las parejas que conviven se caracterizan por tener una duración promedio menor que quienes optan por consolidar la relación a través del matrimonio” (Facultad de Derecho UC, 2015, p. 1).

Situación similar se da cuando se reflexiona, desde esta esfera conservadora, respecto de la ausencia de los padres en el hogar por motivos laborales:

“En el caso de los adolescentes, existen estudios que demuestran que estos tienen menos posibilidades de sufrir ansiedad emocional si sus padres están en casa cuando se despiertan, cuando vuelven del colegio, en la cena y cuando se van a dormir. Un dato importante que revela otro estudio es que ‘comparados con los adolescentes que cenan en familia con asiduidad (cinco noches o más a la semana), los que lo hacen solo dos noches o menos tienen el doble de posibilidades de estar involucrados en el abuso de drogas. La incidencia de fumadores es dos veces y media mayor, la de consumo de alcohol una vez y media, y la del consumo de marihuana casi el triple’” (Facultad de Derecho UC, 2015, p. 1).

No obstante, estas paradojas y las contradicciones con los principios democráticos de respeto a los derechos de las personas que muchas veces presentan, estas visiones conservadoras respecto de la familia han sido exitosas en su imposición y permanencia como significación hegemónica tras 26 años de superada la dictadura. Esta situación es posible ligarla a tres aspectos fundamentales: la persistencia de las normas jurídicas del siglo XIX en materias de familia, el triunfo en Chile del proyecto neoliberal y sus presupuestos ligados a la privatización y autonomización de la vida familiar, y la falta de posiciones progresistas que entren a la disputa sobre los límites y significaciones posibles de la familia (Arancibia & Aguilera, 2014; Staab, 2012; Gonzálvez, 2013).

Este último aspecto es uno de los más relevantes a considerar, pues si bien en las últimas dos décadas se han dado pasos importantes en materia de reconocimiento y resguardo de derechos fundamentales de las personas, estos se han dado desde una lógica de reconocimiento del individuo y sus derechos como tal, antes que orientados a la resignificación del concepto de familia como potencial aglutinante de esos reconocimientos.

Así, la mayoría de los debates que en los últimos años han supuesto modificaciones en materias de familia son trabajados discursivamente por los sectores progresistas que las impulsan desde categorías segmentadas según correspondan a derechos reproductivos, de igualdad de género, distribución de los cuidados y tareas domésticas, la diversidad sexual o la protección de la infancia (Domínguez, 2008; Gonzálvez, 2013; Butler, 1999).

Estas presentaciones parcializadas al debate no serían problemáticas si no implicaran una retirada discursiva del concepto de familia, dejándolo a completa disposición de las visiones conservadoras y fundamentalistas, cuestión que no es irrelevante si se considera que son las relaciones interpersonales que se dan en el ámbito familiar aquellas a las que se atribuye mayor valor en la sociedad chilena.

Y es que en el momento en que los sectores que promueven los valores democráticos abandonan la discusión sobre lo posible en materia de familia, se deja la definición de esta a posturas radicales y conservadoras, que enfrentarán cualquier intento de modificación de los criterios existentes planteándose como los legítimos defensores de la familia, universalizando así su ideal normativo.

“Eliminado o tergiversado el concepto de naturaleza humana –constituida a partir de su cuerpo que, a su vez, está modalizado sexualmente como hombre o mujer– queda relativizado el concepto de familia que surge a partir de esa modalización sexualmente diversa y complementaria, con fin de unión y fecundidad. […] De ahí que la familia sea una institución natural, pues su realidad corresponde a la naturalidad de sus miembros” (Fundación Jaime Guzmán, 2013, p. 9).

Consecuencia de esto es que las discusiones respecto de la apertura de los límites jurídicos de la familia se planteen como disputas en distintos planos de significación, como viene sucediendo con la reivindicación de los derechos de la mujer que, facilitado por la opción discursiva parcializada de sus promotores, es enfrentada a la “verdad de la familia” de las posiciones conservadoras:

“Todas esas propuestas de reforma avanzan en el reforzamiento de los derechos de la mujer y, con ello, de los derechos individuales de los miembros de la familia, que es la tendencia general en materia de familia. Ello es impulsado por la influencia de los tratados internacionales que, concebidos en la lógica de los derechos humanos, tienden a estar centrados en la persona y, por lo mismo, en sus derechos subjetivos. […] Ello lleva a preguntarse, en materia de familia, si la proclamación sistemática de los derechos individuales de cada uno de sus miembros puede coexistir con el anhelo de bien común que se recoge en la noción de familia como comunidad primera de amor y vida” (Domínguez, 2008, p. 162).

Tal es el grado de colonización del concepto que aquellos que hegemonizan su significación llegan a plantear que sus consideraciones ideológicas serían justas y moralmente buenas frente a alternativas de vida familiar que no lo serían:

“El argumento liberal dice que no existe afectación [sobre el matrimonio heterosexual en caso de aprobación del matrimonio de personas de distinto sexo], porque no se obligará al heterosexual a contraer un matrimonio que no quiera. […] Yo no suscribo esa tesis. Las leyes que permiten la realización de actos intrínsecamente malos son leyes que aprueban positivamente el mal y dañan el bien común, siempre. […] Las leyes no deben permitir la realización de actos intrínsecamente malos, si lo hacen son injustas y dañan el Bien Común” (Facultad de Derecho UC, 2016, p. 1).

Este abandono progresista del concepto de familia puede explicarse por al menos tres causas sociológicas interrelacionadas. Primero, la fragmentación del sujeto político transformó al “pueblo” o “clase trabajadora” en una constelación de identidades y demandas específicas, dificultando la formulación de un proyecto colectivo que integrara lo familiar como lugar de síntesis (Fraser, 2001; Laclau y Mouffe, 1985). Segundo, el giro identitario impulsó agendas centradas en la visibilización de minorías sexuales, étnicas y de género, pero muchas veces sin disputar el concepto de familia como eje articulador común (Butler, 1999; Gonzálvez, 2013). Y tercero, la institucionalización neoliberal de los derechos operó como marco dominante que encauzó las demandas progresistas hacia mecanismos legales individualizantes, despolitizando la dimensión estructural de lo familiar y neutralizando su potencial crítico (Harvey, 2007; Fraser, 2013).

En este contexto, la ausencia de un marco conceptual alternativo promovido desde sectores progresistas ha permitido que las visiones esencialistas se presenten como únicas y legítimas, apropiándose de la idea de familia como valor universal. Esta retirada estratégica del progresismo no ha sido neutra: ha reforzado la patologización de las disidencias familiares Butler, 1999; Gonzálvez, 2013), ha reconfigurado las disputas por derechos como amenazas al bien común y ha instalado una noción autoritaria de orden familiar anclada en el control moral (Domínguez, 2008). Frente a ello, la recuperación crítica del concepto de familia, en clave plural, situada y democrática, se vuelve indispensable para reabrir el debate sobre los modelos sociales posibles (Valdés, 2004). Pues, una política familiar progresista actual podría orientarse a reconocer la diversidad de arreglos familiares existentes, redistribuir los cuidados de manera equitativa y asegurar protección social universal sin imponer modelos únicos, fomentando así una ciudadanía más justa e inclusiva.

 

Conclusiones y perspectivas de cambio: La sobre escritura de lo familiar

Con todas sus falencias y sus aportes a la consolidación de estructuras familiares que hoy consideramos injustas, los procesos históricos orientados al cambio familiar —tanto en el siglo XIX, con la adecuación al ideal republicano, como en el siglo XX, con el proyecto moderno de bienestar— ponen de manifiesto el potencial de disputa y la posibilidad histórica de sobreescritura que el concepto de familia ha tenido en Chile. Estos momentos muestran la no naturalidad de las formas familiares dominantes y evidencian la susceptibilidad de cambio de aquellas condiciones que, en la segunda década del siglo XXI, muchas veces asumimos como inmutables, al haber dejado su teorización en manos de los sectores más conservadores de la sociedad.

Tal como plantea Butler (1999) respecto de los roles de género, antes que buscar opciones por fuera de los márgenes de la ley opresora —y así reproducir la lógica esencialista que sostiene la exclusión—, debemos darnos a la tarea de revelar los procesos de sucesivas repeticiones que sostienen esa normatividad, abriendo así espacio a sus fisuras. El desafío es enfrentar las posiciones conservadoras con las herramientas que ellas mismas ofrecen, exponiendo la correspondencia entre sus preceptos pretendidamente naturales y los intereses religiosos, de clase y de control social que les dan sustento.

En este contexto, disputar el concepto de familia no significa negar la pluralidad existente ni clausurar los derechos de sus miembros. Más bien, implica politizar críticamente el marco en que esos derechos se ejercen. Volver a disputar el sentido de lo familiar no supone abandonar las reivindicaciones por los derechos individuales de sus integrantes; al contrario, demanda reconocer esos derechos dentro de las estructuras históricas que definen lo legítimo en la vida social.

La alternativa al proyecto conservador heredado de la dictadura no puede limitarse a la aceptación pasiva de sus marcos ideológicos ni a la mera ampliación de su alcance. Debe implicar una lectura crítica del concepto mismo, capaz de reescribirlo desde los principios de igualdad de género, de diversidad sexual y de derechos de niñas, niños y adolescentes. En esta reescritura —o sobreescritura—, la familia deja de ser un molde cerrado para convertirse en un campo en disputa, donde quepan todas las formas familiares existentes y por venir. Se trata de un proceso colectivo de imaginación política que desafía el orden naturalizado y abre paso a un futuro más justo y plural.

En esta tarea, resulta imprescindible reconocer que la despolitización progresista del concepto ha allanado el camino para su captura por parte de discursos que lo presentan como inmodificable. Recuperar el concepto no solo implica disputar el sentido, sino también reinscribirlo como territorio de lucha simbólica y material. La familia, lejos de ser una unidad prepolítica, es uno de los dispositivos fundamentales mediante los cuales se organiza el orden social, se jerarquizan los cuerpos y se distribuyen los afectos, los cuidados y los recursos.

Por tanto, la reapropiación crítica del concepto no puede quedar relegada a las discusiones técnicas del derecho de familia ni fragmentada en demandas sectoriales. Requiere una estrategia discursiva amplia, situada y articuladora, capaz de interpelar el sentido común y desactivar el monopolio conservador sobre lo familiar. Esta reapropiación debe ir de la mano de proyectos políticos comprometidos con la redistribución del poder y el reconocimiento de las múltiples formas de vivir, cuidar y habitar en común.

Así, sobreescribir la familia es también intervenir en el horizonte de lo posible: abrirlo, complejizarlo y democratizarlo. En lugar de adaptarnos a un canon heredado, se trata de imaginar colectivamente nuevas formas de existencia familiar, sostenidas en la equidad, el pluralismo y la justicia social.

 

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