REVISTA CENTRAL DE SOCIOLOGÍA, Nº 21, 2025, pp. 40-65. ISSN 0718-4379 ed. impresa, ISSN 2735-7058 ed. en línea.

 

Personas adultas mayores vs. Discriminación: De la Gerontocracia a la Gerontofobia. ¿El precio de envejecer?

Older adults vs. Discrimination: From Gerontocracy to Gerontophobia. What is the price of aging?

 

Fecha de recepción: 11 de septiembre de 2025 / Fecha de aprobación: 21 de octubre de 2025

 

Asseneth Verdecia Rodríguez1

1 Licenciada, Magíster en Ciencias.
Fiscalía General de la República de Cuba.
Correo electrónico: assenethvr@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0009-0001-2294-6089

 

 

Resumen

El envejecimiento es un estigma social en muchas culturas, convirtiendo a las personas adultas mayores en víctimas de manifestaciones de discriminación, expresiones de maltrato, prejuicios y estereotipos.

El objetivo de la investigación fue describir cómo tales conductas repercuten negativamente en el pleno ejercicio de sus derechos. Con métodos de investigación científica, se realizó un estudio cualitativo basado en la revisión documental de fuentes oficiales, académicas y jurídicas para identificar coincidencias en el tratamiento a la no discriminación como derecho.

Actualmente, el envejecimiento está acompañado de una estigmatización social que trae aparejados prejuicios, estereotipos, maltratos, conductas discriminatorias y falta de reconocimiento como sujetos de derechos. Conclusiones: la discriminación contra las personas adultas mayores y su estigmatización, frenan el ejercicio de sus derechos en igualdad de oportunidades; ello requiere de una mirada multidisciplinaria con enfoque a derechos humanos, políticas públicas efectivas, sensibilización social y fomento de una cultura de respeto e inclusión.

Palabras clave: Discriminación por edad; envejecimiento; persona adulta mayor; vejez

 

Abstract

Aging is considered a social stigma in many cultures, making older adults victims of discrimination, expressions of abuse, prejudices and stereotypes.

The objective of the research was to write how such behaviors negatively impact the full exercise of their rights. Using scientific research methods, a qualitative study was carried out based on the documentary review of official, academic sources and legal texts were studied to identify coincidences in the treatment of non-discrimination as right.

At the moment, aging is accompanied by social stigmatization that brings with it prejudices, stereotypes, discriminatory behavior, and lack of recognition as subjects of rights. Conclusions: that discrimination against older adults and their stigmatization hinder the exercises of their rights in equal opportunities; this requires for a multidisciplinary approach with a focus on human rights, effective public policies, social awareness and the promotion of a culture of respect and inclusion.

Keywords: Age discrimination; ageing; older adults; old age

 

Introducción

El envejecimiento enfrenta diversas problemáticas complejas y multifacéticas que afectan la calidad de vida de las personas adultas mayores. Puede incluir aislamiento social y soledad debido a la pérdida de seres queridos, la jubilación o la falta de socialización y movilidad; enfrentar barreras para acceder a servicios de salud adecuados por razones económicas, geográficas o de falta de recursos en el sistema sanitario, en una etapa de la vida en que generalmente se requiere de una atención médica regular y especializada porque se hacen más crónicos los problemas de salud.

La pobreza y la precariedad económica a la que se enfrentan muchas personas adultas mayores conducen a una calidad de vida deficiente e imponen un gran límite a los servicios esenciales, siendo incluso, una condicionante psicológica para la aparición de conductas y actitudes discriminatorias en diversas áreas (laboral, familiar, social, sanitaria, entre otras), que provocan su exclusión y la negación de sus derechos. Además, este grupo etario se torna más sensible a las diversas formas de maltrato (violencia o abuso físico, emocional o financiero con impacto en la salud mental) a manos de los familiares y/o los cuidadores, lamentablemente, muchas veces invisibles e impunes.

Con la falta de viviendas adecuadas para adaptarse a sus necesidades o preferencias, sobre todo si confluyen dificultades de movilidad, puede verse afectada también la independencia y el bienestar de las personas adultas mayores, como ocurre cuando los medios de transporte no son apropiados para sus limitaciones físicas o económicas, y se refuerzan los problemas para trasladarse, limitando su movimiento y/o el acceso a servicios esenciales, participación en actividades sociales y las relaciones interpersonales.

A ello se adiciona, que no siempre las necesidades e intereses de este grupo etario están adecuadamente incluidas en las políticas públicas que se diseñan, perjudicándose el modo de abordar sus problemáticas y la disponibilidad de recursos para tratarlas, lo cual es responsabilidad de los Estados y los gobiernos, de conjunto con los actores sociales, públicos y privados coexistentes.

A menudo, las personas mayores enfrentan prejuicios y estereotipos negativos que pueden afectar su calidad de vida y su integración en la sociedad. Estos estigmas pueden manifestarse de diversas maneras: percepción negativa (debilidad, incapacidad, falta de relevancia), discriminación por edad, representación en los medios de comunicación de manera negativa o secundaria, aislamiento social (marginación o exclusión), acceso limitado a los servicios (barreras originadas como resultado de políticas que no consideran sus necesidades específicas).

Ante las problemáticas descritas y nuestra constante preocupación por aportar desde la investigación científica al bienestar de las personas adultas mayores y su protección integral, nos preguntamos: ¿Es el envejecimiento un estigma social? ¿Son las personas adultas mayores víctimas de conductas discriminatorias en las sociedades contemporáneas?

En virtud de ello, nos hemos propuesto como objetivo describir cómo las conductas discriminatorias advertidas en las sociedades contemporáneas hacia las personas adultas mayores, repercuten negativamente en el pleno ejercicio de los derechos de este grupo etario en la actualidad y su invisibilización como sujetos de derechos.

Para tratar el tema que se propone, hemos identificado la necesidad de poner el punto de partida en el análisis del envejecimiento como fenómeno demográfico con repercusión multidimensional, desde la posición de vulnerabilidad en que puede colocarse la persona adulta mayor, el estudio doctrinal sobre sus características y su condición de sujeto de derechos, para luego exponer cómo se manifiestan las actitudes discriminatorias en la sociedad contemporánea y cómo deben ser enfrentadas por constituir una necesidad apremiante de este sector social.

Para responder a la pregunta de investigación se utilizó la perspectiva cualitativa como metodología de investigación, a partir de su alcance descriptivo/explicativo. El examen y descripción de las diversas manifestaciones de discriminación de las que resultan víctimas las personas adultas mayores, muchas veces debido a la estigmatización del envejecimiento, nos ha permitido identificar que ello ha traído como consecuencia la vulneración y/o invisibilización de derechos que le han sido reconocidos por sus propias características, así como su pleno ejercicio.

La investigación posee características socio-jurídicas, atendiendo a que está orientada hacia la relación entre los órdenes social y jurídico. En ella se expone, a partir del análisis teórico-demográfico del envejecimiento poblacional y las características de la persona adulta mayor como sujeto de derechos, la influencia de factores y comportamientos sociales referidos a la estigmatización de la vejez y la discriminación por edad sobre el reconocimiento de derechos a las personas adultas mayores, en los órdenes nacional e internacional y viceversa, lo que justifica la utilización de los métodos teóricos generales y de la investigación jurídica, como se describen a continuación.

A través del método histórico, se estudió el tratamiento recibido por las personas adultas mayores en las diferentes etapas y contextos de la evolución humana, así como las causas del envejecimiento poblacional como fenómeno sociodemográfico, lo que permitió comprobar sus aspectos generales, las tendencias de su comportamiento evolutivo y su expresión actual. Asimismo, permitió ampliar el conocimiento sobre el origen y progreso dialéctico del reconocimiento de los derechos de los adultos mayores en instrumentos jurídicos, con impacto en los ordenamientos jurídicos nacionales.

Por su parte, el método de análisis-síntesis se utilizó para determinar las características del envejecimiento (causas, elementos que lo componen, consecuencias); concebir las particularidades, cualidades y rasgos invariantes de las personas adultas mayores, así como las causas y condiciones que las colocan en situaciones de vulnerabilidad y/o como víctimas de diversas manifestaciones de discriminación por edad.

El método exegético-analítico sirvió de apoyo para determinar el sentido y alcance de los instrumentos jurídicos incluidos en la investigación. Su análisis e interpretación coadyuvó a la descripción gráfica de los preceptos legales aprobados en normas de algunos países de América Latina (México, Bolivia, Venezuela, Dominicana, Honduras, Brasil, Paraguay, Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Perú, El Salvador, Ecuador, Panamá, Uruguay, Argentina y Cuba), a fin de resaltar sus coincidencias en el tratamiento a la no discriminación como derecho reconocido a las personas adultas mayores, como producto de condicionantes culturales y sociohistóricas, que comparten los retos adicionales que el envejecimiento presenta.

En la recolección de datos se utilizó la revisión documental de fuentes primarias, que permitió contar con información indispensable y actualizada de acuerdo con las necesidades de la indagación científica, los que fueron recopilados de fuentes oficiales y académicas accesibles y confiables, citadas en el cuerpo del documento y referenciadas utilizando las Normas APA, 7ma edición. Las mismas sirvieron para identificar avances y retos en la prevención y enfrentamiento al fenómeno de la discriminación hacia los adultos mayores en las sociedades contemporáneas. No implicó la recopilación de datos sensibles, ni la participación directa de seres humanos.

Las fuentes oficiales empleadas pertenecen a publicaciones realizadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), así como boletines y gacetas oficiales de los gobiernos y parlamentos de los países escogidos. En otro orden, la selección de las fuentes académicas tuvo su génesis en el estudio de reconocidos autores de la doctrina internacional y jurídica cubana, que se destacan por sus investigaciones, análisis y publicaciones relacionadas con el envejecimiento poblacional; el tratamiento a la protección y defensa de las personas adultas mayores; la vulnerabilidad y la dependencia en la tercera edad; la discriminación por edad,2 los que nos han aportado a los estudiosos del tema, conocimientos, experiencias y perspectivas.

 

Marco Teórico y Conceptual

Envejecimiento poblacional y personas adultas mayores

Los organismos internacionales, regionales y estatales dedican esfuerzos en la actualidad al reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores. A través de la aprobación de instrumentos jurídicos internacionales se han enfocado en la búsqueda de opciones viables para reconocerlos como sujetos activos de derechos humanos universales y específicos, atendiendo a lo que ya se ha convertido en un fenómeno mundial: el envejecimiento poblacional, un asunto que se constituye en uno de los ejes principales de atención de los Estados y gobiernos contemporáneos. Ante este escenario, es evidente la necesidad de proteger los derechos humanos de este grupo etario que, a pesar de su contribución a la sociedad, enfrenta situaciones de vulnerabilidad puntuales que limitan su pleno ejercicio, siendo la discriminación por edad uno de los más recurrentes (Huenchuan, 2013).

Es así como en las tres últimas décadas se ha apreciado un incremento de la preocupación de la comunidad internacional respecto de la situación de los adultos mayores, con reflejo también en la actualización de los ordenamientos jurídicos de alcance nacional. Ello ha favorecido trascendentalmente el proceso de construcción del tratamiento al envejecimiento y la vejez como un asunto de derechos humanos, y pone en las agendas de debate la importancia del tema, que requiere además miradas inter y multidisciplinarias.

Se evidencia entonces que los derechos de las personas adultas mayores han sido progresivamente mostrados como auténticos derechos fundamentales de este grupo específico de personas, a través de numerosos y diversos instrumentos jurídicos que expresan las preocupaciones, compromisos y aspiraciones comunes de la comunidad internacional, en los que se ha convocado también a los gobiernos, al desarrollo de acciones y adopción de medidas encausadas hacia su reconocimiento y su consecuente protección, enfrentando el envejecimiento poblacional con respuestas normativas positivas y eficaces. Huenchuan y Morlachetti (2007) apuntan que, su instrumentación en los textos constitucionales y los ordenamientos jurídicos internos, además de constituir un desafío para los Estados, ha sido considerado un paso de avance positivo en cuanto a protección para el adulto mayor.

El envejecimiento poblacional, entendido como el incremento de la población de personas mayores respecto al conjunto de la población a la que pertenecen, es un fenómeno con repercusión económica, jurídica, social y política para los Estados y Gobiernos contemporáneos y futuros, -situación de la que Cuba no está exenta, teniendo en cuenta sus características como país en vías de desarrollo3 (Cfr. Alfonso et al. 2022).

De acuerdo con Pérez (2024), el envejecimiento supone un desafío para el Estado en la definición de sus políticas públicas y en la necesidad de visibilizar a las personas adultas mayores en estas como centro de atención, así como en el reconocimiento de derechos y a la vez, en la real efectividad del ejercicio de estos. También constituye un reto para la sociedad en pos de la necesaria inclusión, que genera la adaptación en función de que las personas adultas mayores logren transitar por esta etapa de la vida de una manera activa y saludable, lo que supone, ante todo, un cambio de mentalidad que supere estereotipos basados en la edad como limitante para la realización de proyectos personales y profesionales, y el estigma de la adultez mayor vista desde el fatalismo de la muerte, la decadencia y la dependencia.

Después de las acotaciones anteriores, puede considerarse, desde una perspectiva particular, el envejecimiento humano como el conjunto de cambios de estructuras y funciones que suelen ocurrir después de alcanzada la madurez reproductora y que trae como consecuencia la modificación de los aspectos psicobiológicos del individuo, lo que puede dar lugar a una especial vulnerabilidad.

Se trata, pues, de un proceso inherente al ser humano que constituye una experiencia única y heterogénea, cuyo significado varía dependiendo de la connotación que cada cultura haga de él. Por lo que puede entenderse como un fenómeno multidimensional y complejo que involucra todas las extensiones de la vida humana, con calificación de multigeneracional, pues nacido con los cambios demográficos de la segunda mitad del siglo XX, se alimenta del aumento de la esperanza de vida y permite la convivencia simultánea de varias generaciones. Es, al decir de Dabove (2016), un fenómeno social multitemporal, plurieconómico y multicultural.

La edad de la vejez puede ser conceptualizada en sentido cronológico, fisiológico y social, como apuntan Huenchuan y Morlachetti (2007). La edad cronológica (o de calendario) se refiere a la edad en años; es esencialmente biológica y se manifiesta en niveles de trastorno funcional. Este criterio define la vejez a partir de los 60 o 65 años, y a menudo es fijada por ley bajo denominaciones como “adulto mayor” o “persona adulta mayor”. Desde esta perspectiva, el envejecimiento lleva consigo cambios en la posición del sujeto en la sociedad que dependen de la edad.

Por su parte, la edad fisiológica alude al proceso de envejecimiento físico; se relaciona con la pérdida de las capacidades funcionales y con la gradual disminución de la densidad ósea, el tono muscular y la fuerza que se produce con el paso de los años; mientras que la edad social apunta a las actitudes y conductas que se consideran adecuadas para una determinada edad cronológica. Desde este punto de vista refieren estos autores, el concepto de vejez, al margen de la relación directa con la edad natural de cada persona, está intrínsecamente determinada por el proceso de producción, ciertas tendencias del consumo y los ritmos vitales impuestos por cada sociedad.

Si bien el término anciano no describe una entidad homogénea, teniendo en cuenta la continuidad del proceso de envejecimiento y que la edad cronológica no es un indicador de las capacidades funcionales de la persona mayor, se emplean tres subgrupos de clasificación. Explica Alonso et al. (2007) que de 60 a 69 años de edad, se trata del grupo de personas mayores jóvenes; de 70 a 79 años, grupo de personas mayores de vejez media y afirman Lathrop (2009) y Martínez (2015) que de 80 y más, es considerado como de muy ancianos o viejos-viejos. Reconocen también el término cuarta edad, al tenerse en cuenta el tratamiento que se le da al adulto mayor que supera esa edad, y por razones de enfermedad o discapacidad, han pasado a ser dependientes.

 

El adulto mayor como sujeto de derechos

Las personas adultas mayores son sujetos de derechos humanos universales y específicos, es lo mismo que decir que son titulares de derechos y obligaciones. Les son reconocidos derechos de los que gozan como cualquier otra persona, con la peculiaridad que representa que son personas de 60 años o más, que requieren un tratamiento y atención diferenciada en virtud de las situaciones a las que pueden estar sometidos y sus propias características innatas, por las que se les reconocen, además, derechos específicos.

Esta postura con el tiempo ha ganado adeptos que consideran que a determinados grupos les corresponden ciertos derechos, teniendo en cuenta que el mero reconocimiento de la igualdad de derechos no ha supuesto ningún cambio en su situación de desventaja social y ello es lo que motiva que se les reconozcan, además, derechos de grupo.4 En el caso de los derechos de la vejez, asegura Calahorrano (2021), la justificación de la especificidad de sus derechos radica en la necesidad de exclusión de toda discriminación arbitraria.

En el iter evolutivo de los derechos humanos, se ha producido un proceso de expansión, tanto respecto a sus titulares como a su contenido, fenómeno que ha sido denominado “proceso de especificación o de concreción”.5 Se trata de un proceso gradual, hacia una ulterior determinación de los sujetos titulares de los derechos, en función de las características propias de un grupo social que se encuentra en situaciones especiales (Cfr. Pegoraro et al., 2018). Esta teoría parte de la idea de que, en algunas situaciones, los titulares de derechos exigen un tratamiento especial para resolver la desigualdad de hecho que les impide hacer materialmente posible el disfrute de los mismos, lo que hace que se produzca el paso de los derechos genéricos, referidos a la generalidad de los hombres, a los derechos específicos, que tienen en cuenta al hombre en un contexto concreto y con un status determinado.

Frente a este panorama, algunos autores como Dabove (2016) y Kemelmajer (2006), proponen la creación de un “Derecho de la ancianidad” o “Derecho de la vejez”, un ámbito del Derecho en desarrollo con carácter transversal, que debería estar dirigido a enriquecer las ramas tradicionales de las Ciencias Jurídicas y considerar al anciano como sujeto de derecho en sentido pleno, superando los límites que aíslan y mutilan su situación, de forma que reciba una protección acorde con sus necesidades y autonomía, que ponga fin al estado de indefensión que, desgraciadamente, buena parte de las veces sufren (Lathrop, 2009), sin que se requiera abandonar el Derecho de Familia o el Derecho de la Previsión Social, sino mostrar que sus soluciones pueden ser perfeccionadas a la luz de una perspectiva profunda e integral de la consideración específica de la situación del anciano.

Según explica Dabove (2016), el Derecho de la Vejez, es el ámbito destinado al estudio de la condición jurídica de las personas mayores de 60 años de edad, en el derecho interno, regional e internacional; se construye como respuesta a requerimientos específicos de justicia, en virtud de la situación de vulnerabilidad, aminoración, discriminación, inestabilidad o abusos que padecen en la época actual. Está orientado a fortalecer la situación de estos como sujetos de derechos en sentido pleno, para lo que procura integrar en el marco de un régimen de justicia humanista, el reconocimiento de la igualdad, en tanto, exigencia de homogeneidad vital necesaria para el sostenimiento de un sistema jurídico coherente; y la unicidad, en cuanto reclamo de diferenciación valiosa y de respeto por la identidad de la persona, a partir de su reconocimiento como agente moral autónomo.

Esta especialidad no es otra cosa, siguiendo el criterio de Nawojczyk (2019), que un intento de respuesta integral frente a la creciente demanda de fortalecimiento, inclusión y protección de las personas por el hecho de ser longevas y estar situadas en la última etapa del ciclo vital. Además, aborda el análisis de las herramientas jurídicas que permiten legítimamente la intervención y restitución de la autonomía, libertad, igualdad, participación o dignidad dañadas. Por ello, en este marco se consideran tanto los principios y reglas, institutos, relaciones jurídicas, derechos y obligaciones, como los sistemas de protección y las garantías, en cuanto se vinculan con el fenómeno demográfico del envejecimiento y de la vejez de cada persona, en particular.

En consecuencia, los Estados se verán obligados a asegurar las condiciones para propiciar su bienestar y calidad de vida, teniendo en cuenta también los derechos y deberes con los que tienen la responsabilidad de garantizarlos y con ese fin, adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas, las que deberán ser cumplidas y respetadas por todos, lo que puede llegar a suponer, o incluso a exigir, la implementación de medidas de acción positiva6 o de discriminación inversa,7 para remover los obstáculos a la igualdad en los hechos.

 

Las personas adultas mayores desde la posición de vulnerabilidad

Un aspecto que diferencia a este sector etario del resto, es que puede encontrarse más fácilmente en situación de vulnerabilidad, ya porque se encuentre expuesto a los riesgos que el entorno socioeconómico y político le imponen, o porque sea víctima de discriminación en cualquiera de sus acepciones o formas de presentarse.

Y es que, por sus especiales características, las personas adultas mayores son seres sensibles que tienen más dificultades de desarrollar su vida dentro de la sociedad, y que por sus propias condiciones se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacerle frente a los problemas cotidianos, por lo que se ubican en una circunstancia de desventaja para hacer efectivos sus derechos y libertades y recibir daños en su dignidad o integridad, derivados de un conjunto de causas sociales y de algunas características personales y/o culturales. No es solo la edad lo que los limita para desarrollar su capacidad de gozar plenamente de los derechos generalmente reconocidos, sino las características estructurales de la sociedad en que se desenvuelve y las relaciones sociales que en ella se suscitan.8

En los textos legales especiales para la protección de los derechos del adulto mayor de Guatemala y El Salvador, por ejemplo, se identifica su condición de vulnerabilidad con carecer de protección adecuada, sufrir o estar expuestos a padecer desviaciones o trastornos en su estado físico o mental y encontrarse en situación de riesgo social o abandono, entendiéndose como tales las condiciones siguientes: carecer de medios de subsistencia, estar privados de alimentos o atención a la salud, quedar carente de habitación cierta, no poseer el afecto o cuidados familiares, ser objeto de violencia intrafamiliar o malos tratos por terceros y vivir en situación de desamparo.

Mientras que, en las Reglas de Brasilia (2007), se reconoce que las personas estarán en situación de vulnerabilidad por la edad -entre otras causas-, cuando se encuentren en dificultades especiales para ejercitar con plenitud, ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, ya sea por razón de la edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias económicas, sociales, étnicas y/o culturales, en dependencia de las características específicas que cada país determine.

En algunos contextos se ha pretendido que considerar a la persona adulta mayor como miembro de un grupo vulnerable, permite perpetuar la idea de una vejez desprovista, con privaciones, carente de autonomía, con discapacidad. Es por ello que, como apuntan Huenchuan y Rodríguez-Piñero (2010), se defienden los nuevos enfoques basados en los derechos humanos, al poner el énfasis en el empoderamiento de las personas mayores, considerándolos como sujetos de derecho y no solo simples favorecidos de la asistencia social, que requieren una protección especial, con independencia de las circunstancias que les rodeen, aunque ello, al decir de Valdés Díaz (2013) no conduce necesariamente a una modificación de su estado civil personal y deben seguir considerándose personas plenamente capaces.

Como explican Arriagada (2009), Pereira (2024) y Pelegrino (2024), criterios con los que coincidimos plenamente, conceptualmente ha sido entendida la vulnerabilidad como aquella condición en que se encuentra una persona, en un momento y circunstancias determinadas, en relación con el ejercicio y la defensa de sus derechos, de ahí que sea aceptada la condición de vulnerable como relativa, dinámica, compleja, transitoria y contextual, en este caso asociada a la edad; se basa en un estado por el que transita el sujeto, sin que este sea permanente.

Sin embargo, es imprescindible tener claridad de que no toda persona con edad igual o mayor de 60 años es vulnerable, sino que depende de otras circunstancias propias o externas que lo coloquen en tal condición, por aspectos asociados a la edad (dependencia económica, discapacidad, enfermedad) o por otros aspectos no relacionados (raza, etnia, origen nacional, orientación sexual) (Landestoy, 2024).

 

Resultados

Envejecimiento vs. Estereotipos, prejuicios y discriminación

El envejecimiento ha venido acompañado de una estigmatización social de la vejez que, al decir de Calahorrano (2021) parte desde el rechazo por la diferencia, pues no son pocos los que la perciben como una desgracia, angustia o vergüenza, y la identifican con la distancia, lo inservible o algo malo, lo que conduce a pensar en un entorno “gerontofóbico”.

En ocasiones, la sociedad contemporánea, en sentido general, no dispone en toda su magnitud de una cultura de la vejez, lo que hace que en muchos contextos culturales las personas adultas mayores no sean bien valoradas, consideradas como alguien que llega a su fin y no como sujetos que tienen el mérito de haber recorrido un largo camino y disfrutan de experiencias acumuladas que pueden servir de guía a las nuevas generaciones.

La edificación de la imagen negativa de la vejez se sustenta en valores culturales trasmitidos y aprendidos, en el imaginario de una sociedad asentada en la productividad de jóvenes y adultos con capacidad de producir y poder, cuyo estándar de normalidad invisibiliza, margina y excluye socialmente; adicionado al miedo al estigma y a la inseguridad que provoca llegar a la vejez. Si sumado a ello, se le ofrece un trato de sujetos necesitados que requieren permanente tutela y asistencia, privándolos de sus derechos, restándoles la posibilidad de ejercerlos responsable y libremente, se concibe el envejecimiento como un problema que aqueja, y no como un fenómeno biológico irreversible para el que deben adoptarse medidas en pos de atender los efectos que provoca.

Si cierto es que en algunas regiones del mundo se les veneraba, en otras se les aniquilaba según su estado de deterioro. La vejez fue adquiriendo diferentes matices en la justa medida en que fue evolucionando el pensamiento del hombre. En las sociedades prehistóricas, por ejemplo, el hecho de que hubiera pocas personas de edad avanzada hacía que adquirieran un valor especial y ello ofrecía a los ancianos un matiz sobrenatural relacionado con lo más sagrado; los guerreros eran más respetados mientras estaban en activo, decidían la suerte de sus pueblos y aconsejaban a los líderes más jóvenes a tenor de sus experiencias y sabiduría; a contrario sensu, en los periodos infértiles o con dificultades de subsistencia, el anciano podía ser eliminado porque la incapacidad y la dependencia amenazaban la supervivencia de la mayoría.

Pudiera reconocerse que el reconocimiento a la vejez se remonta en línea directa a la figura del hechicero de la sociedad primitiva, pues en las antiguas culturas era por lo general representado como un sabio o por la figura del padre anciano que utiliza su conocimiento personal de la gente y del mundo para ofrecer orientación y asesoramiento. En la Edad Media, como en el Senatus del Imperio Romano y en la cultura germana, se tenía una visión de los ancianos muy similar: el hombre perfecto en pleno uso de sus facultades mentales y fuerza física entre cincuenta y sesenta años, dotado de las virtudes y depositario de la sabiduría, la experiencia, el conocimiento necesario para cualquier actividad. Así, la mayoría de los gobernantes se rodeaban de consultores ancianos, sabios dignos de dar lecciones y de transmitir sus conocimientos a los más jóvenes.

Por su parte, en las culturas orientales, las personas mayores cumplen un papel importante dentro de la sociedad, debido a que son poseedoras de conocimientos y ocupan lugares primordiales dentro de las jerarquías de las organizaciones sociales. Un nivel similar de importancia se aprecia en las comunidades de pueblos indígenas, donde la persona de más edad es la poseedora de la sabiduría, tiene la capacidad de curar, posee habilidades predictivas y, además, trasmite todos los conocimientos.

El envejecimiento puede ser percibido de diversas maneras, en correspondencia con las condiciones que pueden rodear este proceso, las cuales pueden ser positivas o negativas. Cuando se hace referencia a estas últimas, se entiende como un conjunto de enfermedades múltiples que rodean al adulto mayor y que propenden hacia el inicio de enfermedades crónicas, las cuales tienden a prolongarse y por supuesto, a desencadenar secuelas que conducen a la limitación en las actividades de la vida diaria, situaciones que traen aparejados gastos incrementados en servicios sanitarios y asistenciales. A contrario sensu, en las últimas décadas, se han propuesto modelos de envejecimiento -Gráfico 1- que intentan dar una mirada más positiva al término. Entre los que se destacan:

• Envejecimiento saludable (propuesto por la OMS en 1998): etapa que comienza mucho antes de los 60 años, que solo puede obtenerse desarrollando desde edades tempranas hábitos y estilos de vida saludables, con prevención temprana de algunas enfermedades y discapacidades.
• Envejecimiento activo (propuesto por la OMS en 2002): proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de mejorar la calidad de vida en la medida en que las personas envejecen.
• Envejecimiento exitoso9: habilidad para mantenerse en bajo riesgo de enfermar, con un alto nivel de actividad física y mental, decididamente comprometido con la vida por medio del mantenimiento de relaciones interpersonales y de la participación en actividades significativas. Estado donde un individuo es capaz de invocar mecanismos adaptativos psicológicos y sociales para compensar limitaciones fisiológicas, lograr una sensación de bienestar, alta autoevaluación de la calidad de vida, sentido de realización personal, incluso en el contexto de la enfermedad y la discapacidad.

 

Gráfico 1

Calidad del envejecimiento

Fuente: Elaboración propia.

 

La imagen negativa del envejecimiento también está asentada en la falta de reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetos de derechos. Sobre ella se construye la discriminación por edad o “edadismo” (ageism),10 que viene aparejado de abandono, olvido, despojo, maltratos, indiferencia, exclusión de roles, negación de espacios; aunque en algunas ocasiones, esta mirada no se corresponde con la realidad de sujetos de este grupo etario que viven con autonomía, independencia y salud hasta edades muy avanzadas.

En tal sentido, Huenchuan y Rodríguez-Piñero (2010) señalan que el principal problema de las personas mayores es la discriminación en razón de su edad, la que tiene por consecuencia obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en todos los ámbitos y los expone a sufrir la pobreza, la invisibilización o la fragilización, con sus particulares expresiones en esta etapa de la vida.

La discriminación por edad, según Martínez (2015) y Dabove (2021), entendida como cualquier actitud, acción, o estructura institucional que subordine a una persona o a un grupo puramente en base a la mayor edad, incluye la amplia gama de estereotipos o actitudes prejuiciosas y una constelación de conductas que de forma sistemática, impiden a las personas mayores responder a los problemas sociales y poder disfrutar plenamente de sus derechos, del mismo modo que el racismo y el sexismo lo hacen con el color de la piel y el género.

Esta discriminación se basa en percepciones y suposiciones que tiene la sociedad sobre los adultos mayores, lo que genera una serie de actitudes y comportamientos por parte de las instituciones y la población en general hacia ellos. En tal sentido, puede afirmarse que esta discriminación consta de tres elementos: actitudes hacia las personas mayores, la edad avanzada y el proceso de envejecimiento, todos asociados a la creencia de que las personas mayores son una carga para la sociedad, lo que ha dado lugar a prácticas discriminatorias o la implementación de políticas y medidas institucionales negativas que contribuyen a perpetuar estos estereotipos o prejuicios, lo que conduce a reconocer diferentes tipos de edadismo.11

La protección de la ancianidad, al decir de Lathrop (2019), constituye una medida de acción afirmativa, como respuesta al sinnúmero de situaciones en que estas personas son actualmente discriminadas. Su mayor fragilidad, la precariedad económica que muchas veces sufren y el abandono social y familiar, hacen del anciano un sujeto susceptible de ser discriminado debido a su vejez. Es por ello que, a la constatación siempre positiva de la mayor esperanza de vida actual, debe seguir la interrogante de si con ella aumenta o no la calidad de vida, pues las condiciones en que un ser humano vive determinan también cuánto vive.

El edadismo a menudo se acrecienta cuando se entrecruza e interactúa con otras formas de estereotipos, prejuicios y discriminación (sexismo, racismo, capacitismo), (Cfr. OPS, 2021; Artículo 2 de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores, 2015) dando lugar a la discriminación múltiple o compuesta, entendida también por algunos autores como interseccionalidad (Cfr. Cubillos, 2015; La Barbera, 2016; Luan, 2021; Jiménez, 2022), al existir una convergencia entre más de un factor o criterio de discriminación, lo que agrava las desventajas, genera mayor discriminación aumentando su probabilidad y empeora aún más sus efectos en la salud y el bienestar de las personas (Vid. Barrère, 2010 y Cantero-Sánchez y Ramírez, 2023).

Una de las consecuencias más graves de la discriminación por vejez son las diversas modalidades de maltrato que sufren las personas mayores, visto como un fenómeno multicausal porque en él convergen una serie de elementos de índole personal, familiar, social y cultural. El maltrato abarca una amplia gama de acciones que causan daño físico, emocional o mental en cualquier edad. Una persona mayor se convierte en víctima de cualquier modalidad de maltrato desde el momento en que se le desconoce como sujeto de derecho, se le discrimina por razón de la edad o sufre de abandono por parte de su propia familia o del Estado, además de los daños físicos, emocionales, patrimoniales que puede llegar a padecer, incluyendo los maltratos lingüísticos y mediáticos que llegan a estar presentes.

Generalmente, se piensa que el tipo más común de malos tratos hacia las personas adultas mayores es el abandono, o sea, el daño físico o emocional a causa de deficiencias en la alimentación, vestido, alojamiento, asistencia médica o educación por parte de los responsables de su cuidado y protección, pero los estudios han revelado que los abusos sufridos por este sector de la población transitan por diferentes estadios y formas de manifestación. Algunos opinan que la mayoría se suscita en familias o regiones con menos recursos, debido a la falta de oportunidades sociales y las frustraciones económicas, pero lo cierto es que la desestructuración familiar, lo convulso de la sociedad misma y, en algunos casos, el desquite de los miembros de la familia por lo que vivieron a causa de esta persona mayor en etapas anteriores de la vida, originan, junto a la falta de atención, el desconocimiento de sus derechos y la carencia de mecanismos tutelares, una victimización en cadena, unas veces silenciosa, que ataca y lacera sin contemplaciones.

También ha de considerarse a una persona adulta mayor víctima de maltrato si este implica el uso de la fuerza física o golpes -aunque no dejen huellas visibles-, o cuando se evidencia falta de cuidado en la atención de la salud o la alimentación general; cuando se presencian conductas que desvalorizan, humillan, crean miedos y culpas; son insultados, lastimados o se les trata de modo indiferente, en la participación de la vida familiar o la satisfacción de sus necesidades primarias; cuando se trata de abusos sexuales o amenazas, a veces lamentablemente impunes o lastimosamente silenciados; se desestima su opinión por considerarla anticuada, se les subestima su capacidad para realizar determinados actos o actividades, se les limita excesivamente, conllevándolos al sentimiento de inutilidad, o se emplea un lenguaje minimizador o invisibilizador y se mantienen expectativas rígidas sobre la edad, imponiéndoles criterios adquiridos como ciertos, conductas todas que acarrean múltiples consecuencias psicológicas.

Se olvida la mayoría de las veces que se debe velar también por la integridad personal de la persona adulta mayor, para lo que hay que mantener una superior observancia, precisamente, por la posición de vulnerabilidad en la que comúnmente se colocan, de ahí que la obligación está también en dirigir nuestras miradas hacia la protección de la imagen, la autonomía, el pensamiento, la dignidad, los valores, las creencias, las preferencias e intereses; pues la consideración de un adulto mayor víctima ha de tener una visión global, amplia.

Se han detectado muchos casos de maltrato en espacios extrafamiliares e institucionales, fundamentalmente en las residencias de largas estadías, considerado un problema grave que puede manifestarse por negligencia y/o abuso deliberado de diferentes formas, ejemplos de ello pueden ser acciones violentas que causen daño corporal o emocional, humillaciones o amenazas, manipulación para obtener a cambio beneficios patrimoniales o financieros, impedirles el acceso a sus propios recursos, violación de los espacios de alimentación e higienización.

En múltiples ocasiones, estos sucesos son consecuencia de la falta de preparación del personal responsable de acometer el cuidado, la sobrecarga excesiva de trabajo, la mala organización de la supervisión con los mecanismos de control que se diseñan y el silencio de los que resultan víctimas ante el temor a represalias o el descrédito; todos repercuten en consecuencias destructoras para las personas adultas mayores. De ahí la importancia de reforzar los roles que a cada individuo corresponde, según su relación con él y, para ello, es imprescindible proveer formación especializada y continua al personal a cargo de los cuidados; establecer políticas y protocolos claros para la prevención del fenómeno, incluyendo las denuncias y las vías accesibles de materializarlas; realizar supervisiones y auditorías regulares para revisar los estándares de cuidado; fomentar la conciencia pública sobre el maltrato, promover la cultura del respeto y la dignidad y asumirlo como un compromiso colectivo.

Para reducir el edadismo se tienen que producir cambios en los sistemas que lo perpetúan (medios de comunicación, cultura popular, instituciones, gobiernos). Resultará necesario para lograrlo, formalizar políticas de intervención que incluyan el diseño, implementación y evaluación de programas dirigidos a reducir el impacto de las ideas y actitudes edadistas insertadas en la sociedad, prevenirlas y enfrentar sus consecuencias. Trasciende esta cuestión a la formación/educación de los profesionales y servidores públicos que atienden (o atenderán) a las personas adultas mayores, al rol de las familias como unidades de interacción social e intrafamiliar y al papel de los propios adultos mayores.

Se coincide así con el criterio de Arriagada (2009), que cuando se constata el necesario ejercicio de los derechos humanos de la persona adulta mayor, ante la falta de garantía de las necesidades básicas para la vejez y las condiciones dramáticas en que viven en algunos países, el Derecho puede ser una expresión del deseo de acuerdo social que los pueblos han de darse, y el cambio hacia una cultura enfocada en los derechos humanos es la base de las políticas sociales a aplicar. La correlación de estas, así como la incorporación intersectorial, pueden y han de favorecer las instancias de participación y protección de estas personas.

Por lo regular, dentro del orden constitucional, la piedra angular de la regulación jurídica de la igualdad es la discriminación y, en consecuencia, se introducen cláusulas antidiscriminatorias tales como la edad, como expresión de ese principio e instrumento de gran apreciación para proteger la igualdad de las personas, sobre todo de aquellas que pasan los 60 años de edad. En la Tabla 1 puede advertirse cómo ha sido incluido en los textos constitucionales de Venezuela, Ecuador, Bolivia, México, Costa Rica, Brasil, El Salvador, Panamá, Guatemala, Perú, Honduras, Dominicana, Paraguay, Colombia, Nicaragua y Cuba.

 

Tabla 1

Derecho a la no discriminación reconocido en Constituciones latinoamericanas

Países	Artículos
México	1
Bolivia	8 y 9
Venezuela	1-3
Dominicana	39
Honduras	60
Brasil	5
Paraguay	46-48
Colombia	5
Nicaragua	27
Costa Rica	33
Guatemala	4
El Salvador	3
Perú	2
Ecuador	3, 10 y 11
Panamá	19 y 20
Cuba	42

Fuente: Elaboración propia.

 

Por su parte, el derecho a la no discriminación de las personas adultas mayores, por su importancia, se ha convertido en un tema central en la mayoría de las legislaciones latinoamericanas (Verdecia et al., 2024). En tal sentido, como puede apreciarse en la Tabla 2, se reconoce este derecho específico en el articulado de las leyes especiales de protección de este grupo etario, que están vigentes en países como México, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Guatemala, El Salvador, Uruguay y Argentina.12

 

Tabla 2

Derecho a la no discriminación hacia las personas adultas mayores reconocido en leyes especiales de protección latinoamericanas

Países	Artículos
México	8
Bolivia	3.1
Venezuela	5
Dominicana	15 y 19 f)
Honduras	5.6
Brasil	4
Paraguay	3
Nicaragua	4.10
Costa Rica	4 a)
Guatemala	4 y 23
El Salvador	3.13
Uruguay	2 A
Argentina	5
Colombia	4 l)

Fuente: Elaboración propia.

 

El mandato de no discriminación es el postulado de acuerdo con el cual no se puede tratar de forma distinta a las personas utilizando como base o fundamento ciertas características del propio sujeto o del grupo social al que pertenece. Ha sido expresamente reconocido en muchos ordenamientos jurídicos que incluso sancionan penalmente la discriminación, manifestada con expresiones que laceran la dignidad de este ser humano, lo que podrá ser objeto de estudio en otras investigaciones. La prohibición de discriminación es, entonces, el presupuesto inicial para la construcción de políticas de protección integral.

En tal sentido, se garantiza desde la norma jurídica la protección efectiva contra este estigma y, en consecuencia, se establecen medidas específicas para prevenir o sancionar los actos de discriminación fundados en este motivo u otros que laceren su dignidad o le impiden la igualdad de oportunidades. Al acogerse este derecho y sus lineamientos de adopción, se busca en primer lugar prevenir, y en el peor caso, sancionar actos discriminatorios que afecten la dignidad de las personas mayores o les impidan disfrutar de igualdad de oportunidades en los diferentes contextos socioculturales (Huenchuan y Morlachetti, 2007). No obstante, a pesar de los avances legislativos, persisten desafíos en la efectividad de su implementación para una mejora urgente y necesaria (Verdecia et al. 2024).

 

Discusión

El estudio realizado nos conlleva a afirmar que el envejecimiento, en múltiples oportunidades, es visto como un problema que aqueja, ocasiona gastos y constituye una carga para los gobiernos, las sociedades y las familias.

Dolorosamente, ha venido acompañado de una estigmatización social construida en el imaginario de una sociedad asentada en la productividad y el cuerpo joven, cuyo soporte se sustenta, además, en valores culturales trasmitidos y aprendidos, el miedo al estigma y los estereotipos, a la inseguridad que provoca llegar a esta etapa del ciclo de la vida y en la falta de reconocimiento de las personas adultas mayores como sujetos de derechos universales y específicos, que tiene por consecuencia obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento y ejercicio pleno, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida, propiciando además, un trato desigual ante las oportunidades.

Es notorio que la edificación de la imagen negativa de la vejez varía en los diversos contextos socioculturales, pero, en todos los casos, su impacto social trasciende más allá del individuo, pues perpetúa las actitudes y comportamientos discriminatorios, genera efectos negativos en la cohesión social y en la percepción sobre grupos enteros dentro de la comunidad, aspectos que afectan la construcción de sociedades inclusivas y el debido respeto a la dignidad humana.

La discriminación por edad a la que se ven sometidas las personas adultas mayores, trae asociados estereotipos tales como: pasividad (pérdida de capacidad productiva por jubilación, pérdida de capacidad económica que indica pobreza); ruptura social y aislamiento (detrimento progresivo de funciones); enfermedad (decrepitud, envejecer con patologías de orden físico y biológico); deterioro (cambios somáticos y funcionales confundidos con el lugar que se ocupa en la sociedad); carga (dependencia económica, instrumental y emocional); vejez asexuada (falta de deseo asociada a la incapacidad física), que a menudo se amplifica cuando se conecta con otras formas de estereotipos, prejuicios y discriminación, lo que empeora sus desventajas y agrava aún más sus efectos en la salud, el bienestar y la calidad de vida.

Si tenemos en cuenta que existió una “gerontocracia” (proveniente de las voces griegas geron, que significa “anciano”, y krateia, “poder”) o evidente dominio ejercido por las personas mayores, que es, etimológicamente, el poder o el gobierno de éstas en una sociedad, a quienes se supone los más sabios, los de mayor experiencia y los que mejor conocen las tradiciones de la comunidad; ejercido en forma unipersonal o como miembro de órganos colegiados, pero siempre en ejercicio de un derecho impuesto por la tradición y como sinónimo de estabilidad, hoy podemos aseverar que se ha transitado de un mayúsculo privilegio a un brutal olvido o desprecio por las personas que transitan por la tercera edad en algunas partes del universo, en muchos casos, como resultado de la globalización, el neoliberalismo, las manifestaciones de discriminación y la desigualdad socioeconómica.

Los cambios estructurales que han experimentado en las últimas décadas las familias y el proceso de envejecimiento sin precedentes históricos que experimenta la población global, han reducido las posibilidades reales de que estas brinden todo el apoyo que requieren sus miembros de la tercera edad, con lo que se ha alterado también el concepto tradicional sobre el lugar y la posición que se les reconocía.

La familia que cuente en su seno con una persona adulta mayor, debe pensar en alternativas que posibiliten una mejor convivencia, en las que se tomen y consulten los deseos y necesidades de las personas mayores para adoptar sus propias decisiones sobre su expectativa de vida, incluso si desea vivir solo o no, si busca dependencia de algún familiar, si no quiere abandonar su vivienda por la pérdida de su autonomía o si decide vivir en una institución de cuidados a largo plazo.

Cuando de personas adultas mayores se trata, es primordial tener en cuenta la igualdad en la diferencia, aunque al decir de Verdecia (2020), no se consigue un consenso respecto a la concreción de la igualdad entre los seres humanos, esta debe responder de forma ideal a todas las identidades y diferencias relevantes. Toda persona tiene derecho a recibir igual trato en proporción con sus necesidades y aspiraciones, por lo que el futuro ha de ir dirigido a alcanzar serias prohibiciones contra algunas desigualdades, dentro de las que se encuentran aquellas a las que se somete el adulto mayor, reconociéndose sus desventajas, diferencias, carencias biológicas y fisiológicas, rasgos de vulnerabilidad.

Ante la falta de atención y/o protección para este segmento de la sociedad, el no reconocimiento de sus derechos y la ausencia de mecanismos tutelares o sistemas tuitivos fallidos, el Derecho ha introducido en el sistema convencional de protección de los derechos de los adultos mayores, los textos constitucionales y los ordenamientos jurídicos internos, cláusulas antidiscriminatorias relacionadas con la edad, como expresión del Principio de Igualdad y No discriminación -siendo este uno de los ejes transversales de sus articulados-, y como instrumento de apreciación para proteger la igualdad de las personas adultas mayores.

Asimismo, sustentados en una cultura enfocada en los derechos humanos como base de las políticas sociales a aplicar, países como México, Bolivia, Venezuela, Nicaragua, República Dominicana, Honduras, Brasil, Costa Rica, Paraguay, Colombia, Guatemala, El Salvador, Uruguay y Argentina han reconocido como derecho específico de las personas adultas mayores el de no discriminación, en el articulado de las leyes especiales de protección de este grupo etario que han aprobado, definiendo incluso mecanismos de control e intervención de órganos especializados encargados de velar por el pleno ejercicio de los derechos legalmente reconocidos.

Aunque se dan pasos de avance en la prevención y enfrentamiento de los estigmas sociales sobre el envejecimiento y las conductas discriminatorias en las sociedades contemporáneas contra las personas adultas mayores, nos quedan grandes retos por delante, dirigidos a transformar el discurso sobre la discriminación para fomentar una sociedad más inclusiva y respetuosa; educar y sensibilizar a todos los miembros de la sociedad mediante el desarrollo de campañas de concienciación; realizar programas educativos comunitarios y escolares en todos los niveles de enseñanza; fomentar la interacción intergeneracional; involucrar a los medios de comunicación para lograr una representación justa y positiva de este grupo social; abogar por políticas inclusivas fomentando su participación activa en la toma de decisiones de las cuestiones que les afecten y demanden, sin tener que pagar un precio por envejecer.

 

Conclusión

Las personas adultas mayores han transitado de la Gerontocracia a la Gerontofobia, lo que lamentablemente se ha ido naturalizando en la contemporaneidad. Los estigmas sociales sobre el envejecimiento y las conductas discriminatorias advertidas en las sociedades coetáneas hacia las personas adultas mayores, convirtiéndolas en víctimas de sus consecuencias, repercuten negativamente en el pleno ejercicio de los derechos universales y específicos de este grupo etario y en su invisibilización como sujetos de derechos, frenándoles la posibilidad de disfrutarlos en igualdad de oportunidades.

La discriminación por edad incluye prejuicios, actitudes y prácticas negativas, estereotipos en diferentes ámbitos de la sociedad, que logran excluir y poner límites a las personas adultas mayores; provocan injusticias, desventajas y el incremento de diversas manifestaciones de segregación y maltratos, razón por la que se demandan políticas públicas efectivas, sensibilización social y el fomento de una cultura de respeto e inclusión.

El enfrentamiento a los estigmas sociales y estereotipos sobre el envejecimiento y a las conductas discriminatorias contra las personas adultas mayores, requiere de una necesaria mirada multidisciplinaria con enfoque en los derechos humanos. Para lograrlo, se precisa informar y concientizar acerca del fenómeno y sus consecuencias para las personas adultas mayores y las sociedades, reconociendo y asumiendo los retos identificados.

 

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1. 2 Se destacan así las obras de Sandra Huenchuan, Alejandro Morlachetti y Luis Rodríguez-Piñero Royo; María Isolina Dabove Caramuto, Aída Kemelmajer; Juan Carlos Alfonso Fraga, Joanna Pereira Pérez, Leonardo B. Pérez Gallardo, Pedro Landestoy Méndez, Karina Salierno y Sebastián Cosola, entre otros.

    

2. 3 Los bajos niveles de natalidad, el descenso de la mortalidad y el saldo migratorio externo, han perjudicado notablemente el crecimiento de la población cubana de forma acelerada, acompañado por un crecimiento natural negativo y, en consecuencia, un decrecimiento poblacional, lo que coloca a Cuba como el país más envejecido de América Latina con un 25% de índice de envejecimiento.

    

3. 4 Se requiere que, junto con el reconocimiento de sus libertades esenciales, puedan disfrutar del ejercicio de derechos sociales, para envejecer con dignidad y seguridad, lo que exige un papel activo del Estado, la sociedad, las familias y el propio adulto mayor como sujeto de derechos y parte activa en la construcción y ejercicio de estos.

    

4. 5 Considerado el cuarto gran proceso histórico de los derechos humanos, luego de la positivización, generalización e internacionalización.

    

5. 6  Medidas de impulso o promoción que tienen por objeto establecer la igualdad mediante la eliminación de las desigualdades de hecho. Son deberes constitucionales impuestos a los poderes públicos y a los particulares para lograr la igualdad. Cfr. Rey Martínez (1995).

    

6. 7  Se establece una reserva rígida de un mínimo garantizado de plazas, asignando un número o porcentaje o atribuyendo puntos o calificaciones especiales para los grupos a los que se quiere favorecer. Técnica posible permitida en manos del legislador bajo las condiciones estrictas del Derecho Constitucional. Dependen en gran medida del programa político de la mayoría en presencia. Se acude a ellas cuando no es posible lograr el mismo objetivo de igualdad en un sector social determinado y en un tiempo razonable a través de otras medidas menos extremas de acción positiva. Cfr. Rey Martínez (1995).

    

7. 8 La idea de la vulnerabilidad en cuanto rasgo diferenciador, no es privativa de los adultos mayores, pues preocupan por igual a otros grupos sociales, como es el caso de las mujeres, los niños, los indígenas y las personas en situación de discapacidad, por citar algunos ejemplos.

    

8. 9 La noción de envejecimiento exitoso fue introducida por el Dr. John W. Rowe en 1987, profesor de Medicina de la Universidad de Columbia y fundador de la División de Envejecimiento de la Facultad de Medicina de Harvard. Implanta un concepto novedoso con el que, al parecer, sería posible concebir al proceso de envejecimiento de una manera distinta a la habitualmente ligada al deterioro progresivo e irreversible de las capacidades funcionales.

    

9. 10  Es un concepto construido socialmente y acuñado por el gerontólogo y psiquiatra Robert Neil Butler (1969), quien definió el término “edadismo” (ageism) refiriéndose a los estereotipos sistemáticos y discriminatorios contra las personas por el simple hecho de ser mayores, que se reflejan en conductas como el desdén, el desagrado, el insulto o, simplemente, evitando la cercanía y el contacto físico. Cfr. Dabove (2021); Gluck (2022); Penny (2024).

    

10. 11  En las personas: pueden ser consideradas las ideas, actitudes, creencias y prácticas individuales que son tendenciosas hacia los individuos o grupos a causa de su edad; Institucional: se encuentra en los servicios, leyes, normas sociales, prácticas y políticas que discriminan a las personas y/o grupos por su vejez, e impiden el bienestar del adulto mayor y el alcance de un digno nivel de vida, restringiendo injustamente sus oportunidades y perjudicando sistemáticamente a las personas debido a su edad (OPS, 2021); Intencionado: se manifiesta en las ideas, actitudes y las normas o prácticas llevadas a cabo, conscientes de que van en contra de personas o grupos por su edad; No intencionado o involuntario: se refiere a las ideas, las actitudes y las normas o prácticas que se llevan a cabo sin que el sujeto sea consciente de que son perjudiciales hacia los grupos por el hecho de tener una determinada edad.

     

11. 12 Aunque Cuba no cuenta con una ley especial de protección para las personas adultas mayores, en el Código de las Familias (Ley No. 156/2022) se regula que las relaciones que se desarrollan en el ámbito familiar se rigen entre otros principios por el de Igualdad y no discriminación (Artículo 3); se define qué se considera discriminación en ese escenario (Artículo 12) y prevé como uno de los derechos de los adultos mayores en el entorno sociofamiliar el de vivir en familia libre de discriminación y violencia (Artículo 424).